En la estación El Naranjal del Metropolitano, el flujo constante de pasajeros convive desde hace años con una realidad paralela: la presencia de perros comunitarios que encontraron en ese espacio un punto de resguardo. Para muchos usuarios eran parte del paisaje cotidiano. Para colectivos animalistas, representaban una responsabilidad asumida frente al abandono. Para la autoridad de transporte, en cambio, constituían un problema que requería intervención.
El sábado 21 de febrero, la Autoridad Nacional de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ejecutó el retiro de cuatro perros identificados como Tobi, Panda, Luna y Lalo. La medida provocó cuestionamientos inmediatos de organizaciones dedicadas a la protección animal, que calificaron el operativo como un retroceso en materia de bienestar y como una acción contraria a la normativa vigente.
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La controversia expuso una tensión de fondo: cómo gestionar la presencia de animales en espacios públicos de alta circulación sin vulnerar derechos ni poner en riesgo a usuarios. Mientras la ATU defendió la decisión como técnica y responsable, activistas denunciaron maltrato y falta de coordinación.
El operativo en la estación El Naranjal
La intervención se realizó en el terminal El Naranjal del Metropolitano. Según la versión difundida por la ATU en sus redes sociales, el traslado respondió a una denuncia ciudadana sobre la presencia de perros en la estación. En su comunicado, la entidad indicó: “El sábado 21 de febrero, la ATU trasladó a un grupo de canes del Terminal Naranjal a un albergue especializado en rescate animal, como parte de una decisión técnica y responsable”.
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La institución explicó que la medida buscó “garantizar el bienestar de los canes y, al mismo tiempo, la seguridad de los miles de usuarios del Metropolitano que transitan diariamente por la estación”. Añadió que, durante su permanencia en el terminal, los animales recibieron atención “gracias a la labor del equipo de la ATU y al apoyo solidario de vecinos y sociedad civil”, aunque precisó que “una estación de transporte masivo no es un entorno adecuado para su convivencia”.
En el mismo pronunciamiento, la ATU señaló que se registraron “incidentes como mordeduras, riesgos de atropello y problemas sanitarios”, situación que motivó una acción orientada, según su postura, a proteger tanto a los perros como a los pasajeros. También indicó que el albergue tiene carácter temporal y que desde allí “se impulsará activamente la adopción responsable para que los canes puedan integrarse a hogares seguros y definitivos”.
La entidad recordó que “desde 2023 realizamos empadronamiento, vacunación y jornadas de adopción, en coordinación con asociaciones animalistas, actuando en el marco de la Ley N.° 30407 – Ley de Protección y Bienestar Animal”. Además, expresó su compromiso de “seguir trabajando para que los canes tengan mejores condiciones de vida en albergues adecuados, hasta lograr su adopción”.
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La denuncia de las organizaciones animalistas
La versión oficial fue rechazada por la Asociación Proyecto Libertad y el colectivo Patitas del Naranjal, agrupaciones que asumían el cuidado de los perros. Ambas sostienen que, hace más de un año y medio, presentaron a la ATU una propuesta técnica que planteaba adopciones responsables y campañas educativas como solución integral.
Heidi Paiva, fundadora de Proyecto Libertad y activista por los derechos de los animales, cuestionó la forma en que se ejecutó el operativo. “Es un delito de maltrato animal. Trasladaron a los perros en jaulas inseguras (no en caniles apropiados) y los expusieron al sol en la tolva de camionetas, como si fueran objetos, no seres sintientes”, señaló para Infobae.
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Según Paiva, la ATU no notificó previamente a Patitas del Naranjal, colectivo que alimentaba, desparasitaba y esterilizaba a los canes. La activista también criticó el destino elegido para Tobi, Panda, Luna y Lalo. Afirmó que el albergue no cuenta con condiciones mínimas de bienestar y advirtió que, por tratarse de perros adultos y de gran tamaño, sus probabilidades de adopción resultan bajas.
“Llevárselos a un albergue no resuelve nada; solo traslada el problema y lo empeora. Hacemos un llamado urgente a las autoridades de la ATU para que sean responsables y acepten nuestra asesoría gratuita y trabajemos juntos en una solución ética, realista y definitiva”, sostuvo.
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El conflicto también abrió un debate sobre el alcance de la Ley N.° 30407, norma que regula la protección y el bienestar animal en el país. Las organizaciones sostienen que la ley faculta a asociaciones legalmente constituidas a asumir la custodia de animales en situación de calle. Desde su perspectiva, la decisión de la ATU ignoró ese marco y desestimó la asesoría especializada ofrecida.
La entidad, por su parte, aseguró que sus acciones se realizaron dentro de la ley. En su comunicado reiteró que actuó “en el marco de la Ley N.° 30407 – Ley de Protección y Bienestar Animal”, y que la medida respondió a la necesidad de reducir riesgos en una estación de alta afluencia.
La controversia se centra en la interpretación de qué constituye bienestar animal en un contexto urbano complejo. Para la autoridad de transporte, el traslado a un albergue especializado representa una alternativa más segura. Para los colectivos, el retiro sin coordinación y en las condiciones denunciadas vulnera la normativa y expone a los animales a un encierro prolongado.
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Protestas y exigencias de la comunidad
Tras el operativo, vecinos y defensores de animales iniciaron acciones de protesta. Exigen información clara sobre la ubicación y el estado de los perros. También solicitan que la ATU detenga lo que consideran una “persecución injustificada” contra animales que no son responsables de su abandono.
Heidi Paiva anunció que continuarán las movilizaciones hasta lograr cambios concretos. “Vamos a continuar con acciones de protesta hasta que saquen a Luna, Tobi, Panda y Lalo de ese lugar que no cuenta con las condiciones. Ellos no están solos y nuestro único interés es el bienestar de los animales”, declaró.
La estación El Naranjal, punto clave del sistema de transporte, quedó en el centro de un debate que trasciende la presencia de cuatro perros. En juego están los criterios de gestión pública, la aplicación de la ley y la forma en que la ciudad responde frente al abandono animal en espacios de uso masivo.
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