La Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima del Ministerio Público obtuvo un fallo favorable que permite al Estado recuperar nueve barras de oro, con un peso total de 9,81 kilos, relacionadas con actividades de minería ilegal.
La decisión judicial declara fundada la demanda de extinción de dominio, lo que implica que el valioso metal pasará a ser propiedad nacional como parte de la estrategia para combatir el crimen organizado y privar a los responsables de sus ganancias ilícitas.
El cargamento, valorizado en S/2.490.436, fue incautado en el marco de un proceso judicial que aplica la legislación vigente para bienes provenientes de delitos. La recuperación de estos lingotes representa un avance en la lucha contra el tráfico de minerales extraídos de manera clandestina y sin control, una problemática que afecta gravemente al país.
La investigación, liderada por el fiscal provincial Luis Aguirre Naupari, reveló que las piezas de oro estaban en poder de Viviana Lujambio. La mujer fue intervenida por agentes policiales en un terminal terrestre de Lima, tras llegar desde Tumbes. Durante el operativo, mostró señales de nerviosismo y no pudo presentar documentación que acredite la procedencia legal del mineral.
Al momento de la inspección, las barras se encontraban envueltas en plástico dentro del equipaje de la pasajera. La ausencia de una línea de trazabilidad, que permita seguir el rastro del oro desde su extracción hasta la obtención de los lingotes, fue determinante para que las autoridades consideraran que el metal tenía un origen ilícito. Este requisito es fundamental para demostrar la legalidad en la comercialización y transformación de recursos minerales en el Perú.
Las pesquisas también establecieron que Viviana Lujambio carece de permisos o licencias otorgados por el Estado peruano para dedicarse a actividades de explotación o comercio minero. Esta situación refuerza la hipótesis de que el oro incautado se encuentra vinculado a operaciones fuera del marco legal y regulatorio.
En virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1373, que regula la extinción de dominio, el Ministerio Público solicitó la transferencia definitiva de los bienes a favor del Estado. La medida fue aceptada por la autoridad judicial, permitiendo la incorporación del oro al patrimonio nacional.
Economías ilegales han perdido más de S/800 millones en 2025
Las operaciones conjuntas de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas han infligido pérdidas superiores a 874 millones de soles a economías ilegales como la minería ilegal y el narcotráfico en 2025. El Ministerio de Defensa precisó que estas acciones se concentraron principalmente en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la provincia de Pataz (La Libertad) y Putumayo (Loreto), donde se realizaron interdicciones y destrucción de infraestructura vinculada a actividades ilícitas.
En Pataz, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por la PNP y las Fuerzas Armadas, intensificó los operativos desde mayo, destruyendo maquinaria y equipos utilizados en la minería ilegal. En cuanto al narcotráfico, el operativo ‘Lanza de Hierro’, coordinado por el Comando Operacional de la Amazonía y la policía, permitió desmantelar laboratorios, campamentos y rutas de transporte de sustancias ilegales, con un impacto económico estimado en más de un millón de soles.
El Estado también fortaleció la modernización militar y la cooperación internacional, estableciendo alianzas con empresas de Corea del Sur e Israel por un total de 230 millones de soles. Entre los acuerdos destaca la construcción de cuatro embarcaciones para la Marina de Guerra por parte de SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries, además de la futura adquisición de 54 tanques K2 y 141 vehículos blindados K808 para el Ejército. Este proceso incluyó la inauguración de la primera planta de vehículos especiales de FAME y la incorporación de nuevas aeronaves y helicópteros a la Fuerza Aérea.
El Gobierno aplicó estados de emergencia en Lima Metropolitana, Callao y varias provincias de Piura, movilizando diariamente a más de 1.600 efectivos y ejecutando 9.801 patrullajes. Estas medidas se enfocaron en distritos con altos índices delictivos, activando controles especiales en espacios públicos y mercados informales para combatir sin radares, ni comunicación por radio la criminalidad organizada y las economías ilegales.
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