
La investigación sobre la muerte de tres mineros al interior de una mina en Pataz, que habrían sido asesinados, enfrenta obstáculos severos. El fiscal provincial coordinador de las Fiscalías Penales de Pataz, Enrique Valverde Cabrera, advirtió que las actividades de su despacho peligran debido al déficit crítico de fiscales en la zona.
Según el funcionario, luego de la finalización del decreto de urgencia que había reforzado temporalmente la fiscalía local, solo quedan cuatro fiscales en funciones más un asistente para atender los crímenes en los 13 distritos que componen la provincia de Pataz, una de las más grandes de la región La Libertad.
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“No resulta humanamente posible desarrollar una actividad seria con solo cuatro fiscales”, explicó Valverde Cabrera en Exitosa. Además, indicó que la base fiscal se ubica en Tayabamba, a seis horas del epicentro del conflicto, lo que retrasa la respuesta ante situaciones como esta en la que el tiempo es crucial para iniciar las investigaciones.
Detalló que el refuerzo por decreto permitía la presencia de cinco fiscales adjuntos adicionales, medida que concluyó por falta de presupuesto a fin de año.
“El fiscal que estaba desarrollando de manera inmediata este hecho era uno de los fiscales adicionales y tuvo que ser coberturado de manera inmediata por su provincial. La sede fiscal, de la cual yo soy coordinador actualmente, cuenta únicamente con cuatro fiscales, dos provinciales, dos fiscales adjuntos y un solo asistente fiscal. Sin embargo, el compromiso sigue latente y vamos a buscar, dentro de las posibilidades, desarrollar la obligación constitucional que nos corresponde como institución”, dijo al medio radial.
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Por otro lado, el fiscal indicó que hasta el momento no se ha podido hacer la necropsia correspondiente en los cuerpos que fueron recuperados, pues los familiares de los mineros se mostraron en contra.
“Ellos manifestaron una oposición ante el traslado de los cadáveres, alegando temas económicos, culturales y que, además, querían velar de manera inmediata. Hay que tener presente que la necropsia no es un trámite opcional, es un trámite legal necesario para poder esclarecer la muerte en delitos graves como estos. Hasta la fecha, no se ha podido realizar”, afirmó Valverde Cabrera.
¿Qué pasó en Pataz?
Al menos tres presuntos mineros ilegales murieron durante un enfrentamiento ocurrido la víspera de Año Nuevo en una mina del distrito de Pataz, provincia de La Libertad, según confirmó la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, familiares de las víctimas y medios locales sostienen que la cifra de fallecidos podría llegar a trece y alertan sobre la existencia de personas desaparecidas.
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El alcalde de Pataz, Aldo Mariños, informó que el comandante policial le comunicó oficialmente la muerte de tres trabajadores, cuyos cuerpos fueron trasladados a la comisaría de Vijus. De acuerdo con Mariños, también se reportó la desaparición de siete personas.
“De acuerdo con versiones difundidas por ciudadanos y medios regionales, se habla incluso de trece personas asesinadas y dos desaparecidas, lo que elevaría a quince el total de víctimas”, afirmó el alcalde, citado por la prensa.
Familiares entrevistados en emisoras locales y el periodista Alex Pino de Radio La Cadena aseguraron que habría más de diez muertos, respaldando sus denuncias con fotografías y videos. El periodista señaló que algunos cadáveres podrían estar ocultos en socavones de la mina.
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“Lo cierto es que hay más de diez personas, lo que me están comentando los familiares, fallecidos. Hasta tres han sacado y los demás están adentro de la mina, no los quieren sacar, los quieren desaparecer”, indicó Pino en transmisión radial. El periodista instó a los allegados de las víctimas a formalizar denuncias ante la sospecha de ocultamiento de cuerpos.
Minera Poderosa, operadora del sector, informó mediante comunicado que su personal de seguridad acudió a la bocamina Papagayo tras escuchar detonaciones y halló tres personas sin vida con heridas de bala. Según la empresa, los fallecidos habrían ingresado de manera ilegal al área de extracción, ubicada en una zona en disputa entre organizaciones dedicadas a la minería ilegal. Tras el hallazgo, la Policía Nacional del Perú fue alertada y realizó las primeras detenciones.
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