La madrugada del último lunes, el distrito de Carabayllo vivió una nueva jornada de tensión tras registrarse el quinto atentado contra el alcalde Pablo Mendoza. El incidente ocurrió en la zona de El Progreso, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron una granada tipo piña al frontis de la vivienda del burgomaestre, ubicada en la avenida Sánchez Cerro.
El artefacto explosivo, que no llegó a detonar, fue hallado y neutralizado por personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), evitando así una tragedia mayor para la autoridad y los vecinos del sector.
El alcalde vinculó directamente los ataques a mafias dedicadas al tráfico de terrenos que operan en diversas zonas del distrito y aseguró haber recibido constantes amenazas y mensajes extorsivos exigiéndole cesar sus acciones de fiscalización municipal.
En declaraciones públicas, Mendoza reconoció que en ocasiones anteriores subestimó la gravedad de las amenazas, pero ahora ha decidido formalizar las denuncias ante las autoridades competentes. “Cuando hemos tomado decisiones de enfrentar y hacer las cosas bien, estas son las reacciones que recibimos”, expresó.

El atentado generó una rápida reacción por parte del Gobierno central. El presidente José Jerí visitó al alcalde en compañía del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, para manifestar su respaldo institucional y coordinar el fortalecimiento de las medidas de seguridad.
El mandatario sostuvo que estos actos violentos son una respuesta a la labor de ordenamiento y fiscalización que Mendoza lidera en Carabayllo, y señaló que el caso constituye un ejemplo de la resistencia que enfrentan las autoridades cuando toman decisiones firmes contra la delincuencia.
¿Qué medidas se están tomando para proteger al alcalde de Carabayllo?
Tras el atentado, el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo inició una investigación preliminar por el delito de peligro por medio de incendio o explosión en agravio del Estado y del propio alcalde. El caso fue derivado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito, que ya realiza diligencias para identificar a los responsables.
Entre las acciones investigativas se incluyen:
- Toma de declaraciones al alcalde, su personal de seguridad y testigos.
- Revisión de los registros de cámaras de seguridad instaladas en la zona.
- Pericias de criminalística y análisis técnico de la UDEX para establecer las características y procedencia del artefacto explosivo.
- Inspecciones en el lugar de los hechos para reconstruir la secuencia del ataque.

Mientras tanto, la policía ha reforzado la vigilancia en los alrededores de la vivienda de Mendoza y en puntos críticos del distrito, en respuesta a la alarma generada entre los vecinos y comerciantes.
No obstante, el alcalde de Carabayllo ha solicitado oficialmente al Gobierno la asignación de seguridad personal para él y su familia, ante la falta de garantías para ejercer su función pública. Además, anunció gestiones para reunirse con el Fiscal de la Nación y exigir mayor celeridad en las investigaciones, así como una intervención directa para desarticular las redes criminales que amenazan la estabilidad y gobernabilidad del distrito.
Mendoza también instó a una revisión integral de los esquemas de protección a autoridades locales, argumentando que muchos burgomaestres en el país enfrentan situaciones similares y carecen de medidas de resguardo efectivas. “Estamos abandonados, caminamos sin saber si regresamos o no”, declaró, subrayando el clima de inseguridad que afrontan quienes asumen cargos públicos en zonas afectadas por el crimen organizado.
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