José Ugaz advierte que desactivación de equipos especiales favorece a investigados rumbo a las Elecciones 2026

En el arranque de la campaña electoral camino a las Elecciones Generales del 2026, una decisión clave del Ministerio Público vuelve a alarmar al país. Para el exprocurador anticorrupción José Ugaz, la desactivación de los equipos especiales no es un hecho aislado ni técnico: ocurre en un momento crítico y termina beneficiando a personas investigadas que hoy buscan llegar al poder o mantenerse en la arena política.

En declaraciones a Canal N, Ugaz sostuvo que la eliminación de estos equipos se produce cuando el proceso electoral ya está en marcha y muchos de sus protagonistas están directamente vinculados a las investigaciones ahora afectadas. Señaló que existe un número significativo de partidos políticos que llevan como candidatos a personas con condenas penales o procesos abiertos, por lo que una paralización de las investigaciones entre los meses clave de la campaña, de aquí a abril, los favorece directamente.

Desde su perspectiva, la contienda electoral no puede desligarse del impacto de esta decisión. “Una parálisis en este periodo beneficia, por supuesto, a quienes tienen aspiraciones políticas o buscan salir bien librados de investigaciones en curso”, advirtió.

Golpe a investigaciones de alta complejidad

Ugaz expresó especial preocupación por la desactivación de los equipos encargados de casos de derechos humanos, como el que investigaba las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. Consideró que trasladar estas investigaciones a un sistema ordinario desconoce la naturaleza y complejidad de este tipo de casos.

Según explicó, estos procesos requieren enfoques especializados, experiencia acumulada y una lógica distinta a la de otros delitos. “Se está desmontando una fiscalía que venía cumpliendo eficientemente su trabajo y se la reemplaza por un esquema que no responde a la esencia de estas investigaciones”, remarcó.

Incertidumbre para colaboradores eficaces

Otro de los efectos más delicados, advirtió Ugaz, es el impacto directo sobre las colaboraciones eficaces, incluidas las de carácter internacional. La norma que dispone la desactivación de los equipos especiales habla de la conclusión de investigaciones, pero no aclara qué ocurrirá con los colaboradores que ya se encontraban en proceso de negociación con la Fiscalía.

El exprocurador explicó que muchos de estos casos quedan ahora en manos de fiscales adjuntos que, si bien cumplen un rol importante, no necesariamente tienen la visión estratégica ni la capacidad de decisión que tenían los jefes de los equipos especiales. Esta situación, añadió, se agrava en un contexto internacional complejo, marcado además por recientes debates y decisiones judiciales en Brasil que podrían incidir en los casos de corrupción transnacional.

Conflicto de interés y cuestionamientos éticos

Ugaz fue más allá y cuestionó la legitimidad de la decisión adoptada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez. Recordó que se trata de una autoridad que ha sido investigada o vinculada a investigaciones llevadas precisamente por los equipos ahora desactivados, lo que —a su juicio— configura un claro conflicto de interés.

“El problema no es técnico ni de resultados, sino ético”, afirmó. Ugaz recordó que Gálvez ha expresado públicamente su animadversión hacia fiscales de estos equipos, incluso mencionándolos por nombre cuando fue separado del cargo en el pasado. Para el exprocurador, esta situación debilita la legitimidad de la medida y siembra dudas sobre sus verdaderas motivaciones.

Errores reconocidos, pero avances innegables

Si bien reconoció que los equipos especiales cometieron errores —como excesos en detenciones preventivas, ampliaciones desmedidas de plazos o calificaciones discutibles de organizaciones criminales—, Ugaz subrayó que no puede negarse su integridad ni los resultados alcanzados.

Destacó que estos fiscales lograron sentar en el banquillo de los acusados a personas con gran poder político y económico, y que en los últimos tiempos empezaban a mostrar avances concretos pese a las dificultades. “Actuaron con integridad, algo que ya es una virtud en el sistema judicial peruano, y empezaban a obtener resultados”, señaló.

La oficialización de la disolución

La advertencia de Ugaz se produce tras la oficialización de la disolución de cuatro equipos especiales del Ministerio Público —Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y el equipo que investigaba las muertes en protestas— mediante resoluciones publicadas en El Peruano. Según Gálvez, la decisión busca unificar la estrategia de persecución penal y fortalecer los subsistemas especializados.

Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas debido al contexto, a los antecedentes del propio fiscal interino y a las consecuencias inmediatas sobre investigaciones emblemáticas de corrupción y derechos humanos. Para Ugaz, el riesgo es claro: en lugar de fortalecer la justicia, la desactivación de estos equipos podría abrir una ventana de impunidad en un momento decisivo para la democracia peruana.