PNP desarticula red de trata de personas en San Juan de Lurigancho y rescata a ocho mujeres víctimas de explotación

La noche del 4 de enero en Lima presentó un escenario marcado por operativos policiales y decisiones de gobierno orientadas al control del orden interno. En San Juan de Lurigancho, una intervención de la Policía Nacional del Perú permitió la desarticulación de una red dedicada al delito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual. El trabajo se desarrolló dentro del marco del estado de emergencia y se centró en acciones de control territorial en puntos identificados por inteligencia policial.

En paralelo, otro hecho relevante ocurrió en Breña, donde personal de la comisaría Chacra Colorada capturó a un ciudadano investigado por su presunta vinculación con un crimen ocurrido la noche de ayer. La intervención se produjo durante un despliegue de patrullaje en la avenida Venezuela y derivó en nuevas diligencias por falsedad en su identidad.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo dispuso la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo adicional de 30 días calendario. La medida responde al incremento de delitos violentos y busca fortalecer la presencia del Estado mediante operaciones policiales con apoyo de las Fuerzas Armadas en zonas estratégicas.

Operativo en San Juan de Lurigancho

La División de Investigación de Trata de Personas intervino un local nocturno ubicado en la avenida Próceres de la Independencia. En el lugar se concretó la detención de tres presuntos integrantes de la red criminal conocida como “Los Ingenieros del Placer”, identificados como Clever Pascacio (40), Roberto Gonzáles (44) y Luis Cántaro (20). Durante la intervención, el personal policial rescató “ocho mujeres, de nacionalidad peruana y extranjera”, quienes permanecían bajo “amenazas y coacción con fines de explotación sexual”.

El operativo se inserta en una estrategia de control territorial que prioriza puntos de riesgo detectados por información policial y reportes de intervención previa. La institución sostiene que el objetivo central es interrumpir economías ilícitas vinculadas a la explotación de personas y garantizar la protección de víctimas en situación de vulnerabilidad.

En otro punto de la capital, efectivos de la comisaría PNP Chacra Colorada capturaron a Piero Bendezú Causso (31) por su presunta implicancia en el asesinato de un ciudadano de nacionalidad venezolana. El hecho ocurrió durante un patrullaje en la cuadra 9 de la avenida Venezuela. Al momento de la intervención, el detenido intentó modificar su identidad, por lo que será investigado por los presuntos delitos “contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, así como por falsedad genérica”.

La unidad policial informó que el sospechoso y la evidencia recogida pasarán a investigación especializada, mientras el caso continúa en coordinación con el Ministerio Público. Las indagaciones buscan esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades dentro del marco procesal.

Prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao

El Ejecutivo dispuso extender por 30 días calendario el estado de emergencia que rige desde el 21 de diciembre de 2025 en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La decisión responde a una “grave perturbación del orden interno”, asociada al incremento de homicidios, sicariato y extorsiones. Con la prórroga, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas en sectores priorizados.

Las zonas de intervención se definirán mediante estadísticas, análisis criminal y mapas del delito. El objetivo es reforzar la presencia institucional en los puntos más afectados y sostener operaciones focalizadas contra organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Al finalizar el periodo de extensión, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe con los resultados obtenidos durante el estado de emergencia. Dicho documento será remitido al Ministerio del Interior y posteriormente enviado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial. El informe permitirá “evaluar si la medida contribuyó a reducir los índices delictivos y a restablecer el control del orden interno en Lima y el Callao”, además de servir como base para eventuales decisiones sobre continuidad o ajustes en la estrategia de seguridad.