Ministro de Energía y Minas afirma que reorganización de Petroperú no implica privatización y busca evitar su insolvencia

El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, afirmó que el Decreto de Urgencia que dispone la reorganización patrimonial y organizacional de Petroperú tiene como objetivo garantizar la continuidad de la cadena productiva de la empresa estatal y evitar un escenario de insolvencia. En declaraciones a RCR, el titular del sector recalcó que esta medida “de ninguna manera significa una privatización o venta” de la petrolera.

El ministro explicó que la reorganización responde a una situación financiera crítica generada por “años de mala gestión y decisiones equivocadas”, lo que llevó a Petroperú a una condición límite. En ese contexto, sostuvo que la intervención del Poder Ejecutivo busca ordenar la empresa y rescatarla de una crisis que, de no atenderse, habría comprometido seriamente su operatividad y sostenibilidad en el corto y mediano plazo.

Rol de ProInversión y medidas

Bravo De La Cruz detalló que la reorganización contempla la participación de ProInversión, organismo técnico que tendrá a su cargo la evaluación integral de la empresa. “No es privatización, es un trabajo articulado de parte del Poder Ejecutivo, para realizar la reorganización patrimonial de la empresa y entregarla a ProInversión a fin de que ese organismo técnico haga la evaluación necesaria y determinar su mejor organización financiera y acceder a capitales nuevos”, señaló.

Según indicó, ProInversión contará con un plazo de 60 días para realizar el análisis correspondiente y presentar un plan que defina la estructura financiera más adecuada para Petroperú. Este proceso permitiría identificar mecanismos que faciliten el acceso a nuevos recursos, sin que ello implique la transferencia de la propiedad de la empresa al sector privado.

Asimismo, el ministro mencionó que se evalúa la posibilidad de implementar un fideicomiso a través de Cofide, con el objetivo de generar los recursos financieros necesarios que garanticen la continuidad operativa de la petrolera estatal. Esta alternativa formaría parte de las acciones destinadas a estabilizar la situación económica de la compañía.

Cuestionamientos y apoyo financiero del Estado

Durante sus declaraciones, Bravo De La Cruz cuestionó la estructura de gastos de Petroperú, especialmente en lo referido al personal. Indicó que más de la mitad del gasto no se destina a sueldos, sino a diversos beneficios adicionales que calificó como “gollerías”, los cuales habrían contribuido al desorden interno y al uso ineficiente de recursos.

Detalló que solo en 2023 se destinaron 276 millones de soles a conceptos como dobles bonos en enero, gratificaciones vacacionales adicionales al salario, pago de alimentación durante las vacaciones, bonificaciones automáticas por quinquenios y el financiamiento de la educación de los hijos de los trabajadores hasta los 25 años. A ello se suma, según informó, el apoyo financiero del Estado por 17 888 millones de soles, una cifra que supera los presupuestos anuales de sectores estratégicos como salud y educación.

Finalmente, el ministro sostuvo que la reorganización de Petroperú era una decisión inevitable, debido a que la empresa se encontraba “a un paso de la insolvencia”. “Es nuestra empresa, fue el orgullo de los peruanos, pero por malos manejos de malos funcionarios vino una grave crisis”, subrayó, al justificar la intervención del Ejecutivo para evitar el colapso financiero de la petrolera estatal.