La publicación del Decreto de Urgencia N° 010-2025 en la noche del último día del año 2025, que habilita la privatización parcial de Petroperú, ha generado posiciones enfrentadas en el ámbito político y económico peruano. La medida, adoptada por el gobierno de José Jerí, señala un cambio trascendental en la gestión de los activos petroleros del Estado.
El decreto establece que Proinversión recibirá recursos y facultades para diseñar un proceso de transferencia de activos de Petroperú a operadores privados. La norma autoriza la separación patrimonial de la empresa estatal y la transferencia de activos estratégicos, como la Refinería de Talara y los principales pozos petroleros, con el objetivo de atraer inversión privada.
El Gobierno justifica la decisión argumentando que la situación financiera de Petroperú es insostenible, tras años de pérdidas y rescates fiscales. La medida prevé destinar 240 millones de soles para la reestructuración laboral y 144 millones para financiar el plan de acción de Proinversión.
Apoyo a la decisión y argumentos económicos
Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, consideró que la decisión representa un cambio de fondo largamente esperado. “El gobierno finalmente opta por una modalidad de privatización o venta de activos de Petroperú. Después de muchos años, se toma una decisión valiente al apelar a la ley del Decreto Legislativo 674, que permitió las privatizaciones en el Perú en 1991”, explicó el economista en declaraciones a canal N.
El exministro subrayó que la norma faculta a Proinversión para separar y transferir los activos de Petroperú, incluidos la Refinería de Talara y los pozos petroleros, con el objetivo de atraer capital privado. “Si no se tomaba esta medida, la empresa habría continuado solicitando rescates y arbitrajes financieros al fisco, lo cual ya no era viable”, añadió Castilla.
El decreto contempla dos montos clave: uno de 240 millones de soles, destinado a la compra de renuncias de hasta el 70% del personal de la empresa, y otro de 144 millones de soles para que Proinversión contrate a la banca de inversión, tasadores y otros especialistas que deberán presentar un plan de acción en los próximos dos meses. Para Castilla, la medida es fundamental para evitar el colapso financiero de la estatal.
Críticas a la privatización y rechazo político
La decisión ha sido rechazada por sectores políticos de izquierda. Margot Palacios, congresista por Juntos por el Perú, calificó la medida como un acto de “usurpación histórica” debido a la falta de legitimidad del presidente interino José Jerí. “Un presidente investido por un accidente político y no por la voluntad popular carece de legitimidad para firmar el destino de los hidrocarburos. El Decreto de Urgencia N° 010-2025 se suscribe a pocos meses de una elección general, sin consulta ni debate”, afirmó Palacios.
La congresista advirtió que la privatización encubierta de Petroperú, empresa que controla el 42% del diésel y el 31% de las gasolinas en el país, pone en riesgo la seguridad nacional y expone a la población a la volatilidad del mercado internacional. Según Palacios, el Estado perderá la dirección estratégica, la fijación de precios y la planificación de la cadena de valor petrolera.
“Quienes no fueron elegidos para gobernar están regalando el poder de fijar el costo del transporte, la electricidad y la alimentación de millones de peruanos”, agregó Palacios, y sostuvo que la medida representa una traición a la patria tipificada en el Código Penal militar. Por ello, solicitó la derogatoria inmediata del decreto y convocó a una movilización nacional para impedir la transferencia de los activos estratégicos a manos privadas.
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