Universidades sin licenciamiento podrán enseñar por un año más, dispone la Sunedu

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) dispuso que las universidades y escuelas de posgrado con licencia denegada que se encuentran prestando servicios educativos puedan tener una ampliación excepcional de hasta un año adicional al plazo del cese previsto anteriormente.

El objetivo, menciona la norma, es permitir la culminación de los estudios de los alumnos matriculados. Las universidades que opten por esta opción deberán actualizar los Planes de Operaciones presentados, declarando una nueva fecha de cese de actividades y comunicándola en máximo 45 días hábiles

“Para aquellas universidades que, a la fecha de emisión de la presente resolución, cuenten con un periodo menor al plazo previsto en el párrafo anterior, comunican la modificación de los Planes de Operaciones hasta el mismo día de la fecha de cese de actividades vigente”, se lee en el documento.

El plazo para que las instituciones se acojan a esta ampliación también es de 45 días hábiles, desde la aprobación de la resolución por el Consejo Directivo de la Sunedu.

La Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario de la Sunedu será la entidad encargada supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución. De esta manera, se podrá verificar que la ampliación excepcional se use en beneficio de los estudiantes.

Universidades desconocen a superintendente

Las universidades públicas del Perú, agrupadas en la Junta Nacional de Rectores, han decidido desconocer la reciente designación del nuevo superintendente.

El pronunciamiento responde a lo que consideran un proceso “viciado y antidemocrático”, tras la rápida designación de Vicente P. Espinoza Santillán por parte del ministro de Educación, Jorge Figueroa, el 19 de diciembre de 2025. Según la Ley N.° 31520, Espinoza solo debió completar el periodo complementario del representante anterior, pero se le otorgó un mandato de tres años, lo que ha generado sospechas de intento de control del organismo antes de la renovación de autoridades prevista para febrero de 2026.

El conflicto se intensificó luego de que fracasara en el Congreso una propuesta para extender el mandato de los actuales miembros del Consejo Directivo de Sunedu. Para los rectores, la celeridad del nombramiento confirma la intención de “captura” del ente regulador. Además, advierten que la renuncia verbal del anterior superintendente y la inmediata designación de Espinoza carecen de transparencia y ponen en riesgo la imparcialidad institucional.

La Junta Nacional de Rectores ha señalado al presidente de la República, José Jerí Oré, y al primer ministro, Ernesto J. Álvarez Miranda, por omisión deliberada ante estas maniobras. El comunicado emitido por las universidades públicas denuncia la exclusión de representantes legítimos en el proceso de convocatoria y critica el silencio del Poder Ejecutivo. Consideran que la falta de comunicación del Ministerio de Educación ha agravado la crisis, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.

Las instituciones universitarias también cuestionan la urgencia por elegir a una nueva autoridad en diciembre, liderada por la superintendenta encargada, Susana E. Paredes Díaz, en vez de esperar hasta febrero de 2026, cuando el Consejo Directivo debería estar compuesto por delegados con representación democrática. Este escenario, según los rectores, debilita la confianza en la Sunedu como garante de la calidad educativa y afecta la legitimidad del organismo.

Ante esta situación, las universidades públicas han anunciado que respaldarán acciones legales y penales para preservar el derecho a su representación en el Consejo Directivo de la Sunedu.

El pronunciamiento lleva la firma de los rectores de instituciones emblemáticas como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional de Trujillo. La defensa de la institucionalidad universitaria se presenta como una obligación ante la comunidad académica y la sociedad peruana.