La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció el cierre definitivo de siete universidades en 2025 por no cumplir con las condiciones básicas de calidad.
La medida, que se enmarca en el proceso de supervisión iniciado por la Ley Universitaria, involucra a instituciones de diferentes regiones y afecta directamente a miles de estudiantes.
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Según la resolución emitida por Sunedu, el listado comprende a la Universidad Alas Peruanas (marzo), la Universidad José Carlos Mariátegui (abril), la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (abril), la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (julio), la Universidad Científica del Perú (agosto), la Universidad Privada San Carlos (agosto) y la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (diciembre).
Cada caso fue evaluado en función de los criterios establecidos sobre infraestructura, investigación y gestión académica.
En el informe, la Sunedu identificó patrones comunes en todas las instituciones sancionadas: deficiencias en infraestructura educativa, laboratorios incompletos o sin equipos funcionales, servicios básicos ausentes y falta de garantías para la seguridad de estudiantes y personal.
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La inspección también observó trabajos de construcción sin concluir, carencia de protocolos de seguridad y ausencia de accesos a servicios esenciales como agua potable, internet y telefonía.
El desenlace para estas universidades llegó tras un exhaustivo proceso de revisión en la que se constató, por ejemplo, que algunas no tenían locales propios habilitados y otras no contaban con la documentación requerida para operar. Esta situación se repitió tanto en capitales departamentales como en filiales de provincias.
Falencias en investigación, docencia y servicios
La incapacidad para desarrollar una política de investigación universitaria sólida fue otro eje central en la decisión de Sunedu.
Los reportes confirmaron la inexistencia de procedimientos para priorizar, seleccionar o supervisar proyectos científicos. En muchos casos, las universidades ejecutaron menos del 10 % del presupuesto destinado a investigación, limitando la creación de conocimiento y la formación académica de sus estudiantes.
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Respecto al cuerpo docente, diversas instituciones mostraron docentes bachilleres fuera de plazo, baja proporción de plazas a tiempo completo y ausencia de concursos meritocráticos para las nuevas contrataciones.
Las estadísticas revelaron que la densidad de profesores a tiempo completo no superó el 25 % mínimo establecido por ley, situación que impacta directamente en la calidad académica y la atención personalizada.
El informe oficial también describe cómo las bolsas de trabajo y los convenios de empleabilidad presentaron un alcance limitado, sin beneficiar de manera equitativa a todas las carreras o sedes.
En muchos casos, estos mecanismos no operaron de forma continua ni ofrecieron resultados concretos de inserción laboral para los egresados.
Por otro lado, los servicios complementarios universitarios como actividades deportivas, espacios culturales, atención médica y asesoría ambiental resultaron discontinuos o inexistentes, según los expedientes de Sunedu.
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El reporte señala que algunas casas de estudio no asignaron fondos para sostener estos programas, dejando vacíos significativos en la experiencia estudiantil.
La transparencia institucional también quedó cuestionada, ya que los portales oficiales presentaron datos desactualizados o inconsistentes. La falta de información fiable dificulta la fiscalización de recursos y el ejercicio de derechos de los estudiantes.
Las universidades afectadas han recibido resolución formal y deberán ejecutar sus planes de cierre, garantizando la reubicación de estudiantes y la entrega de grados académicos.
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