En un movimiento relámpago, el Gobierno peruano publicó, a escasas horas de terminar el año, el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que establece un agresivo paquete de medidas extraordinarias para reestructurar patrimonialmente a Petroperú S.A., bajo la conducción de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
La norma autoriza la segmentación de activos de la petrolera estatal en “bloques”, habilita su transferencia o gestión bajo modalidades privadas y establece que la Nueva Refinería Talara podrá ser reorganizada, transferida o administrada por operadores privados, bajo esquemas como asociaciones público-privadas (APP).
El decreto encarga a la agencia adscrita al MEF la conducción integral del proceso y deroga la norma que impedía la venta o transferencia de activos, lo que posibilita la privatización parcial de Petroperú, sin referirse expresamente a este término en el texto legal.
La reestructuración de Petroperú queda bajo control total de ProInversión tras nuevo decreto
El decreto, firmado por José Enrique Jerí Oré (Presidente de la República), Ernesto Julio Álvarez Miranda (presidente del Consejo de Ministros), Denisse Azucena Miralles Miralles (ministra de Economía y Finanzas) y Luis Enrique Bravo de la Cruz (ministro de Energía y Minas), parte de un diagnóstico crítico sobre la situación financiera de Petroperú S.A.
El documento oficial, trabajado por el Ministerio de Economía y Finanzas, identifica pérdidas operativas acumuladas desde 2022, capital de trabajo negativo y una dependencia total de financiamiento externo.
Según el análisis presentado en el decreto, la Nueva Refinería Talara es señalada de manera directa como un foco de pérdidas y una de las principales causas de la crisis patrimonial. El saldo de caja de la empresa a octubre de 2025 era de apenas 66 millones de soles, cifra insuficiente para afrontar obligaciones inmediatas.
“La empresa afronta pérdidas operativas persistentes que han erosionado significativamente su patrimonio y la mantienen en una situación de insolvencia técnica de corto plazo”, indica el texto legal. El último rescate del gobierno a Petroperú se dio en septiembre de 2025, con la emisión de bonos soberanos por unos US$287 millones, además del aplazamiento de otras deudas con el Tesoro.
MEF autoriza división y transferencia de activos de Petroperú en bloques independientes
El nuevo Decreto de Urgencia autoriza dividir los activos de Petroperú S.A. en “bloques patrimoniales”, que podrán incluir la Nueva Refinería de Talara, otras unidades productivas (por ejemplo, Conchán) y activos tangibles (como el edificio central de San Isidro) e intangibles.
Estos bloques podrán transferirse a Vehículos de Propósito Especial (VPE) y, desde allí, ser gestionados o transferidos bajo modelos que incluyen asociaciones público-privadas (APP), administración privada, fideicomisos o venta de activos y acciones.
La norma de Miralles, Jerí y Bravo de la Cruz encarga a ProInversión el diseño y conducción integral del proceso, con potestad para definir la modalidad de promoción aplicable, seleccionar operadores privados y estructurar contratos fiduciarios. El plan de promoción debe aprobarse en un plazo máximo de 60 días calendario y será vinculante para Petroperú S.A.
ProInversión queda facultada para representar los derechos económicos y políticos de los bloques patrimoniales, decidir la transferencia de activos y negociar con acreedores y operadores especializados.
El Ejecutivo elimina restricciones legales a la privatización de Petroperú y sus refinerías
Para lograr su objetivo, el MEF deroga la protección legal que impedía la privatización de la empresa y su refinería, contenida en el artículo 1 de la Ley N° 28244. Según el texto oficial, ProInversión podrá optar, desde este jueves 1 de enero, por cualquiera de las modalidades antes descritas.
La agencia queda facultada para estructurar y firmar contratos de fideicomiso de administración, garantía o flujos con la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE u otras entidades fiduciarias, para gestionar los bloques patrimoniales y facilitar la reorganización de Petroperú.
Pero el Decreto de Urgencia, que será heredado por el próximo Gobierno, también deja abierta la posibilidad de más rescates en el futuro. No contiene ninguna prohibición expresa de nuevos apoyos ni declara que las transferencias sean un “rescate final” o “único”. Tiene carácter temporal y, legalmente, siempre quedaría abierta la posibilidad de que el Estado, mediante otra norma, pueda intervenir o realizar nuevos rescates si persiste la necesidad.
MINEM transferirá S/240 millones para financiar despidos en Petroperú
¿Y qué pasa con el lado laboral? El proceso de reorganización patrimonial incluye la instrucción de que, en un plazo no mayor a 30 días, el directorio de Petroperú S.A. apruebe una nueva estructura orgánica que permita la reducción de personal, de acuerdo a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ello, pese a que la planilla de la petrolera solo ocupa menos del 5% de todos sus egresos.
El Ministerio de Energía y Minas podrá transferir hasta 240 millones de soles para financiar esta etapa (es decir, liquidar a los trabajadores) y otras medidas operativas. Es decir, será el Estado peruano el que financie la reducción de la planilla de Petroperú, que bordea los 2.500 trabajadores en la actualidad.
Hasta el primer trimestre del año saliente, la petrolera gastaba, como mínimo, S/14,2 millones en sueldos mes a mes. Hasta esa fecha, contaba con 12 sindicatos, diversos convenios colectivos no resuletos desde 2023 y 354 trabajadores a jubilarse hasta 2030.
Petroperú le pagará S/144 millones a ProInversión para que la venda por partes
Finalmente, la norma establece que Petroperú S.A. transferirá hasta 144 millones de soles a ProInversión para financiar el proceso de reorganización, con cronogramas definidos por la agencia. Además, dispone que los recursos generados por los bloques patrimoniales o transferencia de activos se destinen prioritariamente al pago de pasivos críticos y obligaciones laborales y financieras.
Es decir, unidades como la Refinería de Talara (costo global: US$6.000 millones) serán transferidas a un privado para que genere ingresos propios y, a cambio, devuelva una parte como usufructo al Estado peruano para pagar las deudas de la petrolera. Cabe precisar que el margen de refinación de Petroperú alcanza el 10% de rentabilidad, según los EEFF de la propia compañía.
Esta decisión se toma, precisamente, cuando Petroperú comienza nuevamente a generar utilidades y recuperar mercado ante su único competidor, Repsol (que recibió la refinería de La Pampilla en 1996 de manos de la COPRI, organismo predecesor de ProInversión), tras el parón de la refinería vieja ordenada por el expresidente de la compañía, Carlos Paredes Lanatta.
El decreto obliga a la estatal a ejecutar las decisiones de ProInversión en un plazo de cinco días hábiles, bajo responsabilidad funcional, y advierte que cualquier demora u obstaculización acarreará sanciones administrativas, civiles o penales.
¿Qué pasará con Petroperú mientras tanto?
Mientras los activos permanezcan bajo el control formal de Petroperú S.A., la empresa deberá mantener la operatividad de sus instalaciones y garantizar el suministro de combustibles, especialmente en regiones donde posee más del 85% de participación de mercado.
El Ministerio de Economúa y Finanzas detalla que ProInversión deberá coordinar con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) para asegurar el abastecimiento durante el proceso de transferencia.
El Decreto de Urgencia N° 010-2025 entra en vigor el 1 de enero de 2026 con vigencia de un año y se aplica de manera inmediata, sin requerir normas reglamentarias adicionales. La empresa estatal queda exceptuada de cualquier disposición estatutaria que obstaculice la implementación de estas medidas.
MINEM confirma posible privatización de la Refinería de Talara
Horas después de la publicación del decreto, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado en el que precisó que la reorganización de Petroperú no descuidará el suministro de combustibles en la Amazonía, donde la empresa estatal mantiene una participación mayorista del 97% en Loreto y 91% en Ucayali.
Aunque en estas regiones solo una fracción de las estaciones de servicio —11 de 114 en Loreto y 24 de 181 en Ucayali— está afiliada a la red de Petroperú, el resto del mercado minorista es atendido por operadores privados, lo que, según el Gobierno, mitiga cualquier riesgo de desabastecimiento al público.
El MINEM también confirmó que la Nueva Refinería Talara, cuyo costo de construcción asciende a US$6.000 millones y que representa el mayor foco de pérdidas para la compañía, será incluida en el proceso de reorganización y podría ser transferida o administrada por operadores privados.
Al corte de octubre de 2025, Petroperú arrastra pérdidas netas por S/1.611 millones y deudas con proveedores por S/2.569 millones, mientras que entre 2022 y 2024 recibió S/17.888 millones en apoyo estatal. El Ejecutivo indicó que los recursos generados por la reorganización de estos activos se destinarán al pago de pasivos críticos y a asegurar la continuidad operativa de la empresa.
MEF defiende su “reorganización” y niega una privatización, pero expertos cuestionan la medida
Tras el pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la ministra Denisse Miralles, afirmó que el Decreto de Urgencia no implica la venta ni entrega de Petroperú, sino que responde a la necesidad de una reorganización orientada a garantizar la sostenibilidad financiera y enfrentar las deudas heredadas.
Miralles sostuvo que el objetivo es generar valor para que la empresa sea autosostenible, pagar los pasivos acumulados y preservar su rol estratégico, al tiempo que planteó la revisión de los “privilegios” laborales, señalando que el 55% del gasto en personal corresponde a beneficios más allá de los sueldos. La ministra también subrayó que el Gobierno está evaluando la situación laboral en función de la realidad financiera de la empresa.
No obstante, diversos especialistas han manifestado críticas. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, calificó la reorganización patrimonial como una “forma de resolver el problema acabando con Petroperú”, y consideró que el proceso terminará en la privatización de sus activos, en particular la Refinería Talara, dejando a la empresa anulada. “Yo tras lo que leo ahí, a Petroperú lo están descuartizando. [¿Es una privatización de Petroperú?] Finalmente, sí“, dijo para RPP Noticias.
Herrera Descalzi recordó que la función de ProInversión históricamente ha sido la privatización de activos estatales y advirtió que el Estado busca dejar de financiar recurrentemente a Petroperú.
Riesgos fiscales y operativos: advierten que el DU no garantiza la viabilidad financiera de Petroperú
El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, alertó que el Decreto de Urgencia no blinda la caja fiscal como promete el Gobierno. Detalló que los S/240 millones asignados por el MINEM para compensaciones por despido deberán restituirse desde el Tesoro Público, lo que representa una presión adicional sobre las finanzas estatales.
Además, advirtió que los ingresos proyectados por margen de refinación y venta de activos no serían suficientes para cubrir la totalidad de las deudas, gastos corrientes y obligaciones financieras, resaltando que, al cierre de 2025, Petroperú enfrenta pagos pendientes con bonistas, acreedores internacionales y proveedores de servicios clave en Piura y Talara.
Gutiérrez señaló que la Refinería Talara, aun con un margen óptimo estimado en US$322 millones anuales, no alcanza para cubrir el servicio de deuda, que asciende a US$340 millones, sin considerar otros gastos operativos y administrativos.
Añadió que la venta total de inmuebles difícilmente superará los US$200 millones y que, de no mediar nuevo apoyo fiscal, la empresa podría paralizar operaciones en un plazo de cuatro meses, afectando particularmente a las regiones de Tumbes, Piura y Loreto, donde Petroperú sostiene un papel central en el abastecimiento energético.
Defensoría del Pueblo rechaza privatización y refinerías se van a paro nacional
Un día después de conocerse la decisión del Gobierno de José Jerí, el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros (FSTP Petroperu) anunció que todas las organizaciones sindicales de Petroperú acordaron paralizar labores a nivel nacional desde la próxima semana.
La medida de fuerza, que inicialmente durará 72 horas, se adopta en rechazo al decreto de urgencia del Ministerio de Economía y Finanzas, al que califican como una acción que “descuartiza a la empresa bandera de todos los peruanos”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó las afirmaciones sobre “privilegios” del premier Ernesto Álvarez -quien se sumó al coro de Miralles respecto a que “no es una privatización”-, ratificó la gravedad de la crisis institucional y financiera de la empresa y reafirmó su rol de supervisión y defensa de los derechos de la ciudadanía ante decisiones que afecten el interés general.
“Un Gobierno transitorio no está, de acuerdo con los principios constitucionales, facultado para hacer reformas de esa naturaleza”, manifestó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para RPP Noticias.
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