Crisis en Petroperú: gremios y Defensoría cuestionan falta de transparencia del MEF en el plan de reestructuración

La polémica en torno a la reestructuración de Petroperú y el manejo de su crisis financiera ha generado una rápida respuesta de diversos actores sociales y económicos del país.

Tras el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el inicio de una reestructuración de la empresa estatal, sindicatos, la Defensoría del Pueblo, autoridades municipales, centrales sindicales y cámaras empresariales han emitido pronunciamientos públicos con exigencias y advertencias dirigidas al Ejecutivo y a la opinión pública.

STAPP: MEF no puede vulnerar Constitución ni derechos laborales

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) respondió punto por punto a la nota del MEF y advirtió que la reestructuración no puede avanzar vulnerando la Constitución, la gobernanza societaria ni la seguridad jurídica.

El sindicato expresó su acuerdo con la necesidad de preservar la continuidad operativa y la seguridad energética, pero subrayó que cualquier medida debe respetar el marco legal propio de una sociedad anónima como Petroperú, sin invadir competencias de la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia.

El STAPP exigió que toda medida financiera esté acompañada de sustento técnico y análisis de impactos, y que proteger los activos del Estado implique reglas claras de control y transparencia. El respeto a los derechos laborales, advirtió, debe traducirse en cláusulas explícitas que garanticen estabilidad, respeto a convenios colectivos y la prohibición de medidas arbitrarias.

La revisión de líneas de negocio o la eventual participación privada en activos estratégicos solo deben realizarse con procesos técnicos, competitivos, transparentes y auditables, que no comprometan la continuidad operativa ni la seguridad energética.

El sindicato más importante de Petroperú pidió además la instalación de una mesa técnica de diálogo con participación sindical, la publicación del sustento técnico y legal de cualquier norma, e incorporar salvaguardas laborales verificables.

Defensoría del Pueblo: crisis institucional y riesgo de implosión operativa

También la Defensoría del Pueblo alertó sobre la gravedad de la crisis institucional y financiera de Petroperú, señalando que no solo es el resultado de una gestión deficiente, sino principalmente de la injerencia política que ha afectado la autonomía de la empresa.

El organismo pidió asegurar la continuidad de las operaciones esenciales y evitar escenarios que pongan en riesgo el abastecimiento de combustibles y servicios básicos en todo el país.

La Defensoría advirtió que la interrupción de operaciones, especialmente en la cadena logística y la refinería de Talara, ha generado un déficit financiero agravado por declaraciones oficiales precipitadas, lo que ha alterado la confianza del mercado financiero.

Un debilitamiento estructural de Petroperú, alertó, podría dejar a la empresa con solo pasivos y efectos irreversibles para su sostenibilidad y su función reguladora de precios.

El organismo solicitó al Ejecutivo y a la JGA adoptar medidas inmediatas de reajuste financiero y reperfilamiento de deuda bajo criterios de interés público, transparencia y gobernanza, y anunció la elaboración de un informe defensorial sobre los riesgos para los derechos de la población por una eventual paralización.

Municipalidad de Talara: urgencia de financiamiento y defensa de la refinería

El alcalde de Talara, Sigifredo Juan Zárate Vite, dirigió un pronunciamiento al Presidente de la República y a varios ministros exigiendo apoyo inmediato para Petroperú ante su crítica situación de liquidez.

El alcalde advirtió que la falta de respaldo financiero podría derivar en la paralización total o parcial de operaciones con graves impactos económicos y sociales en el país, especialmente por la importancia de la refinería de Talara, declarada Activo Crítico Nacional.

El alcalde recalcó que la pérdida de capacidad de refinación obligaría al país a depender de importaciones costosas y menos confiables, generando vulnerabilidad estructural y riesgo de desabastecimiento en zonas que dependen exclusivamente de Petroperú.

El pronunciamiento recordó la existencia de leyes que impiden la privatización total de la empresa y exigió que el Estado honre deudas por S/5.000 millones con Petroperú, relacionadas a créditos fiscales, fondos de estabilización y otros conceptos.

CUT: rechazo a la privatización y defensa de la soberanía energética

Pero la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú) también expresó su rechazo a lo que considera una campaña de desinformación para debilitar y privatizar Petroperú.

El gremio sindical sostiene que la empresa ha sido asfixiada financieramente y mal gestionada desde el Estado, pero rechaza la idea de que esté quebrada. Defendió el papel estratégico de la Refinería de Talara y denunció que detrás del discurso alarmista existe un “plan de privatización” encubierta.

La CUT exigió el cese inmediato de la campaña mediática, una política real de fortalecimiento de la empresa estatal, transparencia en las decisiones y respeto a los trabajadores y sus organizaciones.

El gremio reafirmó su compromiso en la defensa de Petroperú como empresa estratégica, el empleo digno y la soberanía energética nacional.

Cámara de Comercio de Talara: restablecer pagos y proteger al empresariado local

Finalmente, la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Talara (CCITT) exigió medidas excepcionales y urgentes frente a la ruptura de la cadena de pagos causada por la crisis de Petroperú.

El sector empresarial local denunció que la falta de cumplimiento de obligaciones ha descapitalizado a las empresas proveedoras y operadoras, poniendo en riesgo la continuidad productiva, el empleo y la estabilidad económica en la provincia.

La CCITT demandó mecanismos institucionales extraordinarios para restablecer la liquidez y la responsabilidad fiscal de Petroperú, priorizando el pago inmediato de las deudas a proveedores locales. Además, solicitó coordinación intersectorial para evitar que mientras la empresa estatal mantiene deudas, otras entidades ejecuten cobranzas y embargos contra empresas afectadas.

El gremio empresarial advirtió que el Estado será responsable del colapso económico y de la alteración de la paz social en Talara si no se recupera la cadena de pagos y se garantiza la continuidad operativa de la empresa, de acuerdo con el comunicado.