
Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) vuelven a confirmar el uso de las motocicletas como el principal recurso de los criminales para ejecutar delitos en el país. Según la última data, entre mayo y octubre de 2025, la motocicleta se consolidó como el medio de transporte más utilizado por la delincuencia para perpetrar hechos de sustracción directa.
A través de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), se da a conocer que el 56,6% de los delitos como robos o intentos de robo de dinero, carteras, celulares, vehículos o negocios se cometieron empleando motocicletas, muy por encima de otros medios de transporte.
El informe también revela que el mototaxi o mototriciclo representó el 23,5% de los casos, mientras que el auto o camioneta alcanzó el 21,3%. Otros vehículos, como bicicletas, camiones o peque-peques, apenas sumaron el 1,8%. Estas cifras confirman la clara preferencia de los delincuentes por la motocicleta, que les permite desplazarse rápidamente, maniobrar entre el tráfico y acceder a rutas de escape que dificultan la intervención policial.
La prevalencia de la motocicleta en la comisión de delitos refleja una tendencia que se mantiene desde años anteriores y se explica, en parte, por las condiciones urbanas de ciudades como Lima, donde el tráfico congestionado hace inviable el uso de autos para huir luego de un asalto o ataque.
Medidas establecidas por el gobierno

El uso de motocicletas no solo facilita robos y asaltos, sino que también se ha convertido en una pieza clave para la operación de bandas criminales dedicadas a delitos de mayor gravedad, como la extorsión y sicariato. Ante el avance sostenido de la criminalidad y las cifras oficiales que evidencian el incremento de estos delitos, el gobierno de transición de José Jerí dispuso la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao hasta el 19 de enero del 2026.
La prórroga, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 140-2025-PCM, ratifica la prohibición de que dos personas adultas circulen en una misma motocicleta, una medida orientada a reducir la capacidad de desplazamiento y escape de las organizaciones delictivas. Asimismo, refuerza los controles de identidad, los operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, y las acciones de inteligencia en los distritos con mayores índices de violencia.
La norma también prohíbe que los motociclistas porten elementos o accesorios adheridos al casco que impidan o limiten la visibilidad del rostro del conductor, con el objetivo de facilitar su identificación durante las intervenciones policiales.
No obstante, la persistencia de crímenes cometidos bajo esta modalidad ha puesto en cuestión la efectividad de la restricción, una política que ya había sido aplicada por el gobierno anterior de la vacada Dina Boluarte. Tal como advirtieron expertos y representantes del sector transporte, la medida enfrenta serias dificultades en su ejecución: en la práctica, muchos motociclistas continúan circulando libremente con un pasajero adicional por las calles de Lima y el Callao.
En esa línea, Edwin Derteano, presidente de la fundación Transitemos y ex titular de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), había señalado que este tipo de anuncios reflejan una falta de sustento técnico por parte de las autoridades. Según explicó, menos del 1% de las motocicletas registradas está vinculado a actos delictivos.
“De hecho, la primera víctima cuando se comete un delito utilizando una motocicleta es el propio dueño del vehículo, ya que es a él a quien le roban la moto para emplearla en la ejecución del crimen. Ningún delincuente va a usar su propia motocicleta, con matrícula visible y fácilmente rastreable, para cometer un delito”, declaró a Infobae Perú.
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