El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló las elecciones internas de Acción Popular tras detectar vicios sustanciales que comprometen los principios de democracia interna y debido proceso. Mediante la Resolución N° 0745-2025-JNE, se dejó sin efecto la proclamación de Alfredo Barnechea como candidato presidencial y la participación de la agrupación no solo en la contienda presidencial de 2026, sino también en el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.
La decisión, fundamentada en la existencia de graves irregularidades durante las primarias, implica que Acción Popular queda excluida por completo de las próximas Elecciones Generales. No se realizarán nuevos comicios internos ni existe posibilidad de revertir el proceso, situación que marca un hito negativo en la historia del partido y coloca en la agenda pública la transparencia de los mecanismos de control electoral.
El impacto de la medida es integral: ningún afiliado podrá postular bajo el símbolo partidario en los comicios nacionales de 2026. Según expertos, la exclusión obedece a una alteración masiva en la lista de delegados, lo que generó un quiebre irreversible en la legalidad interna. El caso ahora representa uno de los mayores escándalos en la democracia interna de las agrupaciones políticas peruanas.
El inicio de la crisis: dudas y protestas tras la victoria de Barnechea
El 8 de noviembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) proclamó oficialmente a Alfredo Barnechea como candidato presidencial de Acción Popular, tras obtener el 55,224% de los votos mediante el sistema de delegados. Sin embargo, la victoria se vio inmediatamente cuestionada por Julio Chávez, presidente de la organización y principal rival interno, quien denunció maniobras irregulares en la designación de representantes, profundizando la crisis interna dentro del partido fundado por Fernando Belaúnde Terry.
Las primeras denuncias apuntaron a la presunta manipulación de la lista oficial de delegados. Según varios dirigentes y precandidatos, la presidenta del Comité Nacional Electoral, Cinthya Pajuelo, habría sustituido —sin sustento— a veintiocho delegados electos por la militancia, situación que favoreció a la facción de Barnechea. El excongresista Ricardo Burga reforzó la acusación: “La presidenta del Comité Electoral, cuyo mandato ya venció, ha manipulado y modificado los nombres de los delegados elegidos democráticamente, beneficiando al candidato Barnechea”, aseguró.
En respuesta, la ONPE sostuvo que solo registra los delegados que recibe oficialmente por parte del partido. “Cualquier lista distinta a la comunicada a la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral”, explicó el organismo. Pese a los descargos, la desconfianza se incrementó al coincidir múltiples informes internos y protestas de militantes que exigieron esclarecer la legitimidad de la votación interna.
La creciente división partidaria, con seis precandidatos compitiendo y denuncias cruzadas, generó tensión interna sin precedentes. Previo a la elección de delegados, se llevó a cabo una consulta consultiva no vinculante que solo aumentó el desconcierto. Finalmente, la proclamación de Barnechea lejos estuvo de cerrar la brecha: dejó a Acción Popular al borde de una fractura institucional y con el rumbo electoral bajo seria amenaza.
Presidente de Acción Popular puso en duda la transparencia de primarias de su partido
Las denuncias iniciales tomaron fuerza con los pronunciamientos públicos del propio Julio Chávez y otros dirigentes, quienes sostuvieron que la presidenta del Comité Electoral actuó con complicidad de la ONPE y, en paralelo, promovió la compra de votos mediante dinero y promesas de cargos en el Congreso. “Se perpetró un manifiesto y grosero fraude”, declaró Chávez, quien sostuvo que las irregularidades no solo afectaban la candidatura presidencial, sino todas las listas parlamentarias y del Parlamento Andino.
La confrontación interna se intensificó tras la difusión de audios en los que supuestamente se escucha a Cinthya Pajuelo ofreciendo puestos de trabajo y dinero a cambio de apoyo político. El escenario interno se enrareció aún más con manifestaciones frente a la sede de la ONPE y el anuncio de impugnaciones formales ante el JNE. Ricardo Burga, excongresista y precandidato, advirtió que el sistema de registro de delegados había sido vulnerado para alterar sustancialmente los resultados de la primaria.
El secretario general, Juan Abad, afirmó que cualquier indagación interna solo se realizaría después de concluir el proceso electoral, buscando evitar que se interpretara posible injerencia en medio de las acusaciones. Aun así, reconoció la necesidad de investigaciones posteriores para esclarecer responsabilidades y defender la legitimidad de la agrupación. “Posiblemente, al final de ese proceso vamos a generar alguna investigación con el informe final”, explicó Abad.
Por su parte, la ONPE remarcó en reiteradas oportunidades que su labor fue limitarse a recibir los resultados que le comunicó el partido, deslindando toda responsabilidad sobre la verificación de la elección interna. La multiplicidad de versiones, protestas y denuncias terminó por erosionar cualquier intento de cierre institucional, arrastrando a Acción Popular hacia un punto crítico de descrédito.
Acusaciones de “compra de votos” y favores políticos en las primarias de Acción Popular
El conflicto alcanzó su máxima tensión cuando la lista de delegados oficial para la elección del 7 de diciembre fue impugnada por varios sectores del partido ante el JNE. Las acusaciones incluyeron la suplantación masiva de delegados, adulteración del padrón electoral partidario y la denuncia de vínculos con prácticas de “compra de votos” y promesas de favores políticos. Militantes exigieron la intervención urgente de los organismos electorales nacionales, señalando a Pajuelo y a la dirección del Comité como responsables de los vicios detectados en todas las etapas del proceso.
Expertos en derecho electoral, como José Naupari y José Manuel Villalobos, coincidieron en que la magnitud de la irregularidad no solo comprometía la legitimidad del candidato presidencial, sino la de todas las listas para Senado, Diputados y Parlamento Andino. Villalobos señaló: “El fraude se configura porque la presidenta del tribunal cambió los resultados de la elección de delegados. 28 personas que no fueron elegidas participaron el 7 de diciembre y alteraron el resultado”.
El Jurado Nacional de Elecciones recibió las impugnaciones acompañadas de expedientes, comunicaciones formales y audios que evidenciaban la fractura interna y el clima de confrontación. Tras sustanciar los informes de la Dirección Nacional de Fiscalización, el organismo concluyó que se habían incluido ciudadanos que no resultaron electos, confirmando así la gravedad de la afectación a la democracia interna.
El riesgo de cancelar la inscripción del partido para las elecciones fue advertido públicamente: si Acción Popular presentaba candidaturas bajo una lista viciada, quedaba expuesta a su anulación completa. Por otro lado, abstenerse de participar suponía su automática exclusión de la contienda nacional. Cualquiera fuera el escenario, la agrupación histórica quedaba al borde de la desaparición de la oferta electoral nacional para 2026.
El ocaso electoral de Acción Popular
La decisión del JNE de anular las primarias dejó a Acción Popular sin ningún representante para la Presidencia, el Senado, Cámara de Diputados ni Parlamento Andino. No existe margen para retrotraer el proceso o realizar nuevas elecciones primarias, pues ello pondría en riesgo los plazos oficiales para las Elecciones Generales 2026. Así, la Resolución N° 0745-2025-JNE cerró cualquier posibilidad de subsanar el proceso interno: ni Alfredo Barnechea ni ningún otro afiliado podrá postular bajo dicho partido en este ciclo electoral.
El fallo genera una mancha histórica en la reputación de Acción Popular, partido que tradicionalmente jugó un papel clave en la política peruana. Además, la exclusión total implica una reducción en la diversidad de la oferta electoral, lo que ha impulsado un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y democracia interna en las agrupaciones del país.
No obstante, la resolución también especifica que Acción Popular podrá reorganizarse con miras a futuras elecciones regionales y municipales, siempre que subsane sus procedimientos y garantice la legalidad de sus procesos. El partido deberá presentar nuevas normas y ajustarlas antes del plazo de enero para preservar su inscripción. El reto inmediato es superar la crisis interna, restaurar la confianza y reconstruir una estructura basada en legalidad y transparencia.
El caso deja lecciones para todo el sistema político peruano: la integridad de los procesos electorales internos es indispensable para la validez de las candidaturas y, por ende, de la democracia nacional. La sanción impuesta a Acción Popular marca un precedente severo y recuerda que no hay margen para la impunidad ante irregularidades de este calibre.
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