La reciente desarticulación de ‘Puerto Hong Kong’, una de las redes de tráfico ilegal de madera más complejas de la región amazónica, marcó un hito en la lucha contra los delitos ambientales en Sudamérica. El operativo, enfocado en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas, evidenció la importancia crucial de la colaboración entre países, permitiendo la captura de 17 personas involucradas, incluidas tres funcionarias responsables de irregularidades administrativas que facilitaban las operaciones del grupo criminal.
La ofensiva contra la organización criminal fue posible gracias al esfuerzo mancomunado entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Perú y su homóloga colombiana, con el respaldo operativo de la Policía Nacional de Colombia y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF). El 22 y 24 de octubre, durante el “II Taller Binacional para Fortalecer la Aplicación de la Ley frente a la Incidencia de Delitos Ambientales en la cuenca del Putumayo”, fiscales de ambos países compartieron información estratégica, prácticas exitosas y datos fundamentales para el rastreo de rutas ilegales, empresas pantalla y flujos financieros vinculados al tráfico de madera.
El liderazgo de Perú en el intercambio de experiencias y casos, así como en la recopilación y análisis de datos, permitió mapear el impacto del tráfico ilegal en áreas ecológicas sensibles, como el Parque Nacional Natural Yaguas. Los investigadores peruanos identificaron cómo parte de la madera extraída ilícitamente era trasladada desde territorio nacional, utilizando rutas fluviales y terrestres sofisticadas para evadir controles.
La red y su modus operandi
‘Puerto Hong Kong’ no era simplemente una red local, sino una organización criminal con estructura multinacional. Sus actividades incluían la extracción indiscriminada de madera de zonas protegidas, su movilización clandestina hacia centros urbanos de Colombia —Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá— y la distribución en mercados ilegales, algunos de ellos con vínculos en Brasil y otros países fronterizos. El grupo lograba operar sin interrupciones mediante la obtención de permisos falsos y la colaboración de funcionarios corruptos.
La magnitud del daño fue notable: la organización afectó ecosistemas estratégicos de ambas naciones. Aparte del impacto en el parque Yaguas, sus operaciones se extendían al Parque Nacional Natural Amacayacu y áreas protegidas de Tarapacá en Colombia, promoviendo la degradación ambiental en sectores con alto valor de biodiversidad.
Al respecto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e) de Colombia, Irene Vélez Torres, destacó el logro: “La protección del bioma amazónico exige acciones integrales: conservación, restauración y una lucha decidida contra los crímenes ambientales. Hoy avanzamos en la contención de la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies gracias a un trabajo articulado”.
Por su parte, el fiscal superior de la FEMA de Perú, Frank Almanza Altamirano, reafirmó el compromiso nacional de consolidar redes de inteligencia y acción regional ante delitos de alto impacto.
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