Tres años sin justicia: Andahuaylas vuelve a marchar por los adolescentes víctimas del gobierno de Dina Boluarte

En Andahuaylas, Apurímac, familiares de las víctimas y ciudadanos autoconvocados organizan este viernes 12 marchas y actividades culturales en el Parque Lampa de Oro y la Plaza de Armas, en un día que no es solo conmemoración sino también exigencia de justicia. Tres años después de la represión estatal contra quienes protestaban por el gobierno de Dina Boluarte, el saldo de jóvenes muertos y heridos sigue sin responsables sancionados.

Las muertes de adolescentes en diciembre de 2022 desgarraron a la región y visibilizaron la profunda crisis política iniciada tras la destitución de Pedro Castillo. La asunción de Boluarte fue rechazada en las calles por una población que exigía la disolución del Congreso y elecciones. El 7 de diciembre, Andahuaylas se declaró en insurgencia; el paro regional del 12 de diciembre intensificó las movilizaciones y los enfrentamientos, elevando el número de víctimas y obligando al gobierno a decretar el estado de emergencia.

Caos operativo y exceso policial

Las investigaciones de OjoPúblico revelan que el despliegue policial en Apurímac estuvo marcado por la falta de cadena de mando y planes operativos cambiantes. Del 10 al 12 de diciembre, distintos responsables policiales se sucedieron en el comando de las patrullas, en un clima de improvisación y descontrol. El comandante Braulio Alfredo Jiménez Mango dirigió el operativo en el aeropuerto de Andahuaylas, con un contingente armado con fusiles AKM-K y pistolas. Si bien declaró ante la Fiscalía que no se usó armamento letal, actas policiales prueban que sí hubo disparos de armas de fuego el día que el adolescente David Atequipa Quispe fue asesinado.

David, de quince años, salió junto a su cuñado a registrar con su celular la protesta desde los alrededores del aeropuerto y fue abatido por un disparo en el tórax. La ambulancia carecía de equipos adecuados y el joven murió camino al centro de salud. La pericia balística certificó que la bala provino de un arma usada por la Policía ese día.

Más víctimas adolescentes y una justicia estancada

En la vecina provincia de Chincheros, Robert Pablo Medina Llanterhuay, de dieciséis años e hijo de agricultores, murió de un disparo cuando protestaba por la falta de colegio y contra la presidencia de Boluarte. Testigos y pericias aseguran que la bala partió desde la comisaría. El cuerpo de Robert fue enterrado con honores, pero sin necropsia inmediata, reflejo del abandono institucional.

El saldo trágico en Apurímac incluye, además, a Beckham Romario Quispe Garfias (dieciocho años), fallecido por el golpe de un objeto contundente en la cabeza, y a jóvenes como Jhon Erik Enciso Arias y Wilfredo Lizarme Barboza, asesinados por disparos de la Policía. Testimonios y documentos forenses recabados por OjoPúblico confirman el uso desproporcionado de la fuerza, el incumplimiento de los protocolos y la omisión de advertencias previas al uso de armas letales.

Entre quienes permanecen investigados por delitos de genocidio, homicidio calificado y tortura destacan los oficiales Luis Jesús Flores Solís y Alexis Boris Luján Ruiz, ambos con antecedentes disciplinarios dentro de la Policía Nacional del Perú. Mientras tanto, la cadena de mando y los responsables políticos siguen bajo investigación judicial. La reciente decisión del Congreso, que archivó la denuncia constitucional contra Dina Boluarte tras recomendación de José Jerí, ha fortalecido el clima de blindaje político y frustración entre los familiares de las víctimas.

En su más reciente columna para Infobae, Dina Boluarte evitó mencionar las muertes de su gestión, describiendo el periodo simplemente como uno de inestabilidad. Ha defendido su dirección del país, mientras las acusaciones de corrupción y su impopularidad aumentan. El silencio de Boluarte y el archivo de las investigaciones profundizan la percepción de impunidad en torno a estos crímenes.