El Ministerio Público, como parte de sus acciones para la búsqueda de la justicia y reparación para las víctimas de las protestas sociales ocurridas en el país, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, contra Dina Boluarte, ha sumado dos investigaciones preparatorias a las 18 que ya se encuentran en etapa de formalización, esta acción fue realizada a través del Equipo Especial de Fiscales para casos con victimas durante las protestas sociales (EFICAVIP).
El el primer caso se trata de una investigación por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad en contra del comandante de la Policía Nacional Segundo Martín Ocampo Aguirre; por los hechos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, en la ciudad de Juliaca. Como resultado cuatro personas quedaron heridas.
El segundo esta vinculado a los sucesos del 12 de diciembre de 2022 en las inmediaciones de la Comisaría de Chincheros (Apurímac); donde falleció el menor de iniciales R. P. M. L. y dos personas fueron heridas a consecuencia del enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales. “Por este caso son investigados el ex comandante general de la Policía Nacional, general PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado; el exjefe del Frente Policial de Apurímac, general PNP Luis Jesús Flores Solís; el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, coronel PNP Alexis Luján Ruiz; y los oficiales PNP Carlos César Cuya Campos y Litman Peña Pacheco”, detalló la Fiscalía.
Así, a la fecha, son 20 las investigaciones preparatorias formalizadas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho. En total son 160 los involucrados en estas investigación, entre ellos, miembros de la Policía Nacional y el Ejército imputados por las muertes y lesiones en contra de 274 civiles que estuvieron en las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte.
Presidenta podría ser investigada como autora mediata de violaciones a DD.HH.
Por otro lado, la presidente Dina Boluarte podría estar bajo investigación por supuestas violaciones graves a los derechos humanos, similares a las cometidas por el exdictador Alberto Fujimori, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El documento, publicado este jueves 18 de julio, señala posibles faltas durante el conflicto que rodeó su asunción al poder, sugiriendo que Boluarte podría ser investigada como autora mediata. El informe de Amnistía Internacional detalla patrones de intimidación por parte del Estado en las marchas contra Boluarte y su presencia en 29 reuniones del Consejo de Ministros, donde no intentó frenar los abusos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Las conclusiones de Amnistía Internacional, en un documento de más de 80 páginas, subrayan que la presidenta, en su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tenía la capacidad de cambiar las tácticas represivas pero no tomó medidas para hacerlo. Madeleine Penman de Amnistía Internacional advirtió que la responsabilidad de Boluarte estuvo presente durante todo el conflicto social, ya que “la presidenta asistió y presidió 29 reuniones [...] y no tomó la oportunidad para ordenar un cambio de tácticas real”.
Entre los hallazgos más preocupantes del reporte se menciona el uso reiterado del “terruqueo” por parte de altos mandos sin pruebas concluyentes y la permisividad para el uso de la fuerza letal. “Amnistía Internacional pudo revisar múltiples planes de operación de la PNP y encontramos que hubo dos constantes: el ‘terruqueo’ y la permisividad para el uso de la fuerza letal”, especificó Penman.
El informe de Amnistía Internacional también pone en evidencia que los planes operativos de la PNP y la respuesta estatal en las protestas resultaron en la muerte de 49 personas y en más de 500 heridos. “La misión expresa de todos los planes fue retirar ‘barreras humanas’, y para ese fin fueron proveídos los policías con armas largas”, añadió Penman, subrayando que tanto el derecho peruano como el internacional prohíben el uso de balas en manifestaciones.
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