La presencia de figuras vinculadas a la minería informal vuelve a colocar a Renovación Popular en el centro del debate político. Javier Bernal Salas, uno de los representantes más visibles de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), encabeza la lista de precandidatos para diputados por Puno del partido liderado por Rafael López Aliaga.
Bernal, además de ser vicepresidente de la Asociación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de Sandia y Carabaya, registra desde años atrás un papel activo en negociaciones, protestas y reuniones con autoridades del Congreso y del Ejecutivo en defensa del sector minero informal. Ahora, su salto directo a la política partidaria reaviva cuestionamientos sobre la cercanía entre dirigentes de la minería no formal y Renovación Popular.
Un amplio historial en la minería informal
Bernal Salas es investigado desde el 2020 por la Fiscalía Especializada de Juliaca por presunto lavado de activos vinculado a actividades de minería ilegal, un proceso que él niega. Sin embargo, su nombre aparece de manera recurrente en espacios de incidencia política, tales como reuniones en el Congreso, mesas técnicas y visitas a despachos parlamentarios para impulsar la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Solo entre 2022 y 2024, registra más de veinte ingresos al Congreso para reunirse con congresistas como Paul Gutiérrez, Elizabeth Medina, Esdras Medina, Eduardo Salhuana y Segundo Quiroz, entre otros. Todos estos legisladores terminaron votando a favor de extender el Reinfo hasta diciembre de 2027, una medida impulsada con fuerza por el sector minero informal.
Bernal también figura como apoderado de una concesión minera inscrita en el Reinfo, lo que refuerza su rol activo dentro del sector que exige ampliar plazos, flexibilizar sanciones y mantener abierta la puerta a regularizar operaciones en zonas donde también existen actividades ilegales.
Renovación Popular niega vínculos pero hay contradicciones
La postulación de Bernal aparece apenas semanas después del episodio en la CADE Ejecutivos 2025, donde Rafael López Aliaga negó públicamente cualquier vínculo entre su partido y la minería ilegal.
Durante un panel, el empresario Carlos Gálvez le preguntó directamente por la “cercanía de mineros ilegales” a Renovación Popular. López Aliaga aseguró no tener relación con nadie del sector.
“Es absolutamente falso que yo tenga vínculo alguno con minería ilegal. Pruébame que tengo un minero ilegal. Te pago cien mil dólares por cada uno”, dijo, entre aplausos del auditorio.
Incluso afirmó que quienes pertenecían a Confemin habrían sido “expulsados” de su partido, y mencionó el caso de Máximo Bequer, dirigente minero que renunció en julio de 2025.
Sin embargo, el propio Bequer niega esa afirmación. Aseguró que nunca fue expulsado y que su salida fue voluntaria tras discrepancias con López Aliaga. Lo llamó “mitómano” y calificó como falso el relato del líder de Renovación Popular.
“Es una pena que alguien que pretende ser presidente sea un mentiroso”, declaró a Epicentro.
El partido respaldó al sector minero informal
Más allá de la defensa verbal de López Aliaga, el historial parlamentario del partido muestra una posición favorable a medidas promovidas por mineros informales.
Durante las votaciones de ampliación del Reinfo en 2024 y 2025, Renovación Popular votó en bloque a favor. Y, según un informe de Ojo Público, la bancada es la cuarta que más ha apoyado iniciativas para flexibilizar y desregular la actividad minera no formal, con más del 50% de sus congresistas respaldando estas propuestas.
Contradictoriamente, el propio López Aliaga ha admitido recientemente que “en el Congreso hay mucha gente ligada a la minería ilegal”, aunque afirma que él no forma parte de ese entorno.
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