ANP denuncia intento de criminalizar el periodismo: rechaza proyecto del Ejecutivo que sanciona la difusión de información reservada

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su rechazo público a la propuesta del Ejecutivo, a cargo de José Jerí, que plantea modificar el Código Penal para crear un nuevo delito: la revelación de información reservada en el marco de investigaciones fiscales y actuaciones policiales.

Para el gremio, esta medida ―incluida dentro del Proyecto de Ley 13280― constituye un grave retroceso para la libertad de prensa y establece mecanismos que podrían perseguir a periodistas y castigar a sus fuentes.

El pronunciamiento, difundido por X, advierte que la iniciativa, enviada al Congreso por el Gobierno de José Jerí, “criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas, atentando además contra el secreto profesional”.

Un proyecto que reaviva intentos previos de limitar la información

La propuesta forma parte del paquete de facultades legislativas que el Ejecutivo solicita al Parlamento para legislar en seguridad ciudadana, criminalidad organizada, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.

Sin embargo, para la ANP, el punto que busca tipificar la divulgación de información reservada replica intentos previos de los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte para restringir la cobertura periodística de casos sensibles.

“Las actuales intenciones del Ejecutivo [...] recuerdan al sector intentos similares impulsados en su momento por los regímenes de Pedro Castillo y Dina Boluarte”, señala el comunicado del gremio, advirtiendo que los sectores que hoy impulsan la reforma son, en muchos casos, los mismos que figuran en investigaciones de alta relevancia pública.

Una norma sin sustento que afecta directamente al periodismo

La ANP sostiene que el proyecto carece de fundamentos que justifiquen por qué la revelación de información obstaculizaría la persecución de la criminalidad organizada. La exposición de motivos del Ejecutivo afirma que la finalidad es “proteger la reserva de información pública vinculada a la persecución penal, las investigaciones y las operaciones de seguridad”, pero no explica con claridad cómo la prensa podría interferir con dichos procesos.

Para el gremio, esta ambigüedad abre espacio a la censura previa y pone en riesgo el periodismo de investigación en un país donde los grandes casos de corrupción se han conocido precisamente gracias a filtraciones, testimonios reservados y documentos obtenidos por reporteros.

Por ello, la ANP señala: “Esta propuesta no se puede entender como parte de la lucha contra la criminalidad organizada, por el contrario, va directamente contra el periodismo de investigación desarrollando una censura previa en estos casos”.

Impacto directo en la prensa y en el derecho ciudadano a saber

El proyecto del Ejecutivo también generaría sanciones para quienes publiquen información sobre diligencias, operativos o decisiones fiscales que aún no son públicas, sin precisar qué criterios definirán la “reserva”. Al dejar conceptos abiertos, cualquier difusión relacionada con un proceso podría interpretarse como delito, incluso si se trata de información de interés nacional.

Organizaciones de prensa alertan que esto afectaría directamente la cobertura de casos emblemáticos de corrupción, crimen organizado o abusos de poder, restringiendo el acceso de la ciudadanía a información clave.

ANP pide al Congreso suprimir la propuesta

Ante el riesgo que implica para la prensa, la ANP exhortó a la Comisión de Constitución del Congreso a retirar este punto del proyecto de facultades:

“Por estas razones, exhortamos a la Comisión de Constitución [...] que suprima este extremo de la propuesta normativa por atentar contra el periodismo de investigación y ser incongruente con la finalidad del proyecto de ley”.

El gremio también recordó que las normas de carácter penal ―al restringir derechos fundamentales― deben ser debatidas ampliamente en el Congreso y no aprobarse vía decretos legislativos.

“Finalmente, recordamos que las normas penales no se deberían aprobar vía facultades legislativas, ya que, al ser restrictivas de derechos, deben gozar del más amplio debate”, subraya el comunicado.