
Un nuevo paro de 48 horas en el sistema de transporte formal de Lima y Callao será oficial en caso de que se produzca un solo atentado más contra un bus público, haya o no fallecidos, según advirtieron los principales gremios de transportistas de las zonas periféricas de la ciudada capital.
Aún no hay una fecha oficial para acatar la paralización, se supo que mañana viernes 21 de noviembre los diversos gremios se reunirán para intentar acordar una fecha para la medida.
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La advertencia de los transportistas a un nuevo paro surge mientras persiste un clima de temor entre conductores y pasajeros, marcado por la reciente escalada de ataques criminales y la persistencia de la extorsión en las vías urbanas. Uno de los últimos atentados más violentos ocurrió apenas el pasado domingo 16 de noviembre a un bus de la empresa San Germán en el distrito de San Martín de Porres.

Aunque el paro de transporte aún no se ha activado, las agrupaciones del sector dejaron claro el ultimátum al gobierno y otras autoridades competentes: la medida entrará en vigor apenas ocurra un atentado adicional, sin importar el saldo de víctimas.
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Esta decisión responde al avance de la criminalidad en las rutas periféricas y la sensación de abandono en medio del estado de emergencia en Lima y Callao.
Situación “se agrava”
Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, enfatizó que su gremio —que agrupa a más de 1.000 afiliados— se sumará a la paralización como protesta por la falta de avances en seguridad.
“La situación cada vez se agrava más y el temor de los conductores es cada vez peor”, sostuvo Palomino en diálogo con RPP Noticias.
El dirigente remarcó que su asociación contemplaba como fecha tentativa los días 21 y 22 de noviembre; no obstante, fuentes ligadas al gremio indicaron a Infobae Perú que ahora resulta más probable que, si el paro se oficializa, se lleve a cabo durante la semana del lunes 24 al viernes 28 de noviembre.
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Un paro condicionado
La postura de los gremios toma fuerza tras una serie de atentados recientes, como el ataque a balazos contra un bus de San Germán en el distrito de San Martín de Porres el domingo 16 de noviembre.
Dos individuos interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones, dejando huellas visibles en la cabina del conductor y generando pánico entre los pasajeros. Las imágenes del atentado, captadas y difundidas por los implicados, muestran el riesgo que enfrentan quienes circulan por la ciudad en transporte urbano.
Este nuevo episodio elevó la tensión en el sector y dio pie al ultimátum. Martín Ojeda, vocero de los gremios formales de la capital, declaró a RPP Noticias: “Debido a que queda demostrado que no baja el índice de criminalidad y esto pone en peligro a las empresas de transporte urbano en Lima y Callao, así como a sus usuarios, que de realizarse un nuevo acto criminal en los próximos días, horas, e inclusive semanas, se realizará un paro de 48 horas”.
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Los gremios, que ya cumplieron una medida similar el pasado 4 de noviembre, exigieron la intervención directa de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, con bases móviles en las zonas más golpeadas por el crimen.
Demandas de seguridad
Parte central del reclamo se sustenta en la denuncia de extorsiones a empresas y trabajadores del sector. “Las extorsiones continúan. Si no hay víctimas es porque están pagando”, afirmó Palomino a RPP Noticias.
El dirigente cuestionó la afirmación del presidente de la República, José Jerí, quien sostuvo que “se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y la criminalidad”. De acuerdo con la visión de los transportistas, los pagos por extorsión han permitido que sobreviva el servicio y que no aumenten las cifras de víctimas mortales reportadas en medios.
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Desde el inicio del estado de emergencia, el pasado 22 de octubre, se han registrado al menos 24 homicidios en Lima y 5 en Callao, junto a otras 7 muertes violentas vinculadas a armas de fuego, según cifras difundidas en informes periodísticos.
Estos datos refuerzan la queja de los conductores formales sobre “el abandono del Estado” y la urgencia de acciones adicionales para resguardar tanto sus vidas como las de sus pasajeros.
Acciones y peticiones
En su comunicado más reciente, las organizaciones de transporte urbano formal advirtieron que no se someterán “al terror ni a la inacción del Estado”. Exigen intervención sostenida de la PNP, involucramiento de las Fuerzas Armadas y creación de bases militares en lugares críticos.
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La misiva, a la que accedió Infobae Perú, también pide la extensión del estado de emergencia en toda Lima Metropolitana. Algo que ya se concretó, luego que así lo anunciara el presidente José Jerí.
Además de la presión emitida por Palomino, voceros gremiales como Ojeda transmitieron que están a la espera de una nueva coordinación con la dirigencia de los empresarios de transporte. “Esperaremos a que ellos den la fecha”, señaló.
Mientras tanto, la expectativa sobre un posible paro de 48 horas comienza a extenderse entre los miles de trabajadores y usuarios que se verían afectados por la paralización.
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Entre la incertidumbre
Mientras no ocurra otro atentado, la convocatoria formal permanece latente. Representantes del sector no descartan que la paralización pueda fijarse para el 21 y 22 de noviembre, aunque todo indica que una acción de esa magnitud se trasladaría a la semana del 24, dependiendo de los acontecimientos.
La expectativa se mantiene en el ambiente, con gremios vigilantes ante cada hecho de violencia y el Ejecutivo bajo presión por la escalada delictiva. La situación, según coinciden Palomino y Ojeda, exige una respuesta inmediata para evitar que la violencia continúe arrastrando víctimas y paralizando el sistema de transporte de Lima y Callao.
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