El calvario de peruanos deportados al Congo desde Estados Unidos: “El traslado fue totalmente encadenado”, relata uno de los afectados

Actualmente permanecen en una zona restringida en el Congo, enfrentando barreras idiomáticas, precariedad en el entorno y dificultades para gestionar su retorno

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Peruanos Estados Unidos  -  Perú 28 de enero
Imagen que ilustra a un ciudadano peruano con la bandera de Perú, mientras que en otras dos imágenes se muestra a peruanos siendo deportados de Estados Unidos. Foto: Composición Infobae Perú

La política migratoria de Estados Unidos suma un episodio que genera cuestionamientos en la región. Un grupo de ciudadanos latinoamericanos, entre ellos peruanos, fue trasladado a un país africano sin anuncio previo y bajo condiciones estrictas de custodia. El caso expone un mecanismo poco habitual en la gestión de flujos migratorios y abre interrogantes sobre la situación de quienes quedan fuera de los canales tradicionales de protección.

El traslado hacia la República Democrática del Congo se produjo en medio de un endurecimiento de medidas impulsadas por la administración de Donald Trump. La decisión incluyó a personas que no fueron enviadas a sus países de origen, sino a un tercer territorio con características sociales y económicas complejas. La falta de información previa y la distancia geográfica intensifican la incertidumbre de los afectados.

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El programa periodístico Panorama difundió testimonios directos de uno de los peruanos involucrados. El informe describe condiciones adversas en el lugar de destino, así como restricciones para movilizarse y dificultades para comunicarse. La situación se desarrolla mientras autoridades peruanas y organismos internacionales evalúan el alcance del caso.

Traslado a un tercer país y condiciones del viaje

El grupo permanece en condiciones limitadas de movilidad en las inmediaciones de Kinshasa, mientras autoridades y especialistas analizan las implicancias legales de este tipo de medidas en el marco del derecho internacional.
El grupo permanece en condiciones limitadas de movilidad en las inmediaciones de Kinshasa, mientras autoridades y especialistas analizan las implicancias legales de este tipo de medidas en el marco del derecho internacional.

Juan Marcos Soria, ciudadano peruano de treinta años, fue intervenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Según su testimonio, no recibió información anticipada sobre el destino final. “No me notificaron ni el día ni la hora. Solo una vez me notificaron que ya habían encontrado un tercer país para deportarme”, señaló.

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El traslado incluyó medidas de seguridad estrictas durante todo el trayecto. “El traslado fue totalmente encadenado. No hubo ningún momento de liberación, ni para ir al baño. Era totalmente encadenado, tanto las manos, la cintura y los pies”, indicó. El viaje contempló varias escalas antes de llegar a África y se extendió por más de veinte horas.

En total, quince personas de distintos países latinoamericanos integraron el grupo. “Somos en total quince, y de los cuales tres ecuatorianos, cuatro peruanos, y los demás colombianos”, explicó Soria en el informe televisivo.

El lugar de destino presenta condiciones que dificultan la adaptación. El testimonio recogido describe carencias básicas en infraestructura y servicios. “Afuera es literalmente extrema pobreza, que las calles no están pavimentadas, no hay agua y desagüe tanto en las calles”, relató.

Los migrantes permanecen en un espacio restringido cercano al aeropuerto de Kinshasa. Según el informe, reciben apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, pero no cuentan con libertad de desplazamiento por razones de seguridad. La barrera idiomática representa otro obstáculo relevante. “Es un poco duro llegar a un país que no sabes y sobre todo, que es la barrera del idioma”, afirmó Soria.

El grupo evita salir al exterior debido a riesgos en el entorno. “No es que salgamos a la calle y podamos salir, caminar, pasear, no, porque es demasiado movido, es demasiado peligroso afuera”, agregó.

Cambios en la política migratoria estadounidense

El caso se enmarca en una estrategia más amplia de control migratorio. Según cifras citadas por Panorama a partir de un informe del Senado estadounidense, el gobierno destinó alrededor de cuarenta millones de dólares para ejecutar deportaciones hacia terceros países.

Especialistas consultados advirtieron sobre implicancias en el derecho internacional. Uno de ellos señaló que “las políticas unilaterales, estatales, de hegemones como Estados Unidos terminan subordinando las reglas que podamos encontrar sobre derecho internacional de los derechos humanos”.

El informe también recoge una explicación sobre la aceptación del Congo como país receptor. “El Congo necesita apoyos monetarios, económicos, financieros de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le dice: ‘La oferta es esta, la tomas o la dejas’”, indicó el analista.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que tuvo conocimiento del traslado de ciudadanos peruanos en el marco de un acuerdo bilateral. La Cancillería precisó que este tipo de medidas aplica a personas con protección legal en procesos migratorios, mientras se resuelven solicitudes de asilo o refugio.

Testimonios de ciudadanos peruanos deportados desde Estados Unidos al Congo describen un traslado de más de veinte horas bajo custodia permanente y sin notificación previa del destino final.
Testimonios de ciudadanos peruanos deportados desde Estados Unidos al Congo describen un traslado de más de veinte horas bajo custodia permanente y sin notificación previa del destino final.

Solicitud de retorno y situación pendiente

Los peruanos trasladados buscan regresar a su país. La obtención de salvoconductos aparece como el principal requisito para concretar ese objetivo. “Señor Balcázar, que nos ayude porque estamos en un lugar que no conocemos, que no se olvide de nosotros”, expresó Soria en el reportaje.

El proceso depende de gestiones diplomáticas y de definiciones en el sistema migratorio estadounidense. Mientras tanto, los afectados permanecen en espera dentro de un entorno que no ofrece condiciones para integrarse ni desarrollar actividades laborales.

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