La propuesta del Congreso para ampliar nuevamente la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) encendió una fuerte crítica desde el sector empresarial, que advirtió que esta prórroga representaría “un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal” y pondría al país en riesgo de sanciones internacionales.
El debate se reactivó en la Comisión de Energía y Minas, donde se evalúa un dictamen que extendería por dos años el registro e incluso reincorporaría a miles de operadores que fueron excluidos por incumplimientos. Algunas iniciativas, como la del congresista Guido Bellido, plantean prorrogarlo hasta 2029.
Un registro que no cumplió sus objetivos
El REINFO, creado para apoyar la transición de la minería informal hacia la formalidad, lleva casi una década en funcionamiento, pero los resultados son desalentadores. De los más de 87 mil mineros inscritos, apenas poco más del 2% logró formalizarse, mientras que un 78% fue suspendido por irregularidades y omisiones. Pese a ello, algunos bloques legislativos impulsan su ampliación por quinta vez, argumentando que la minería artesanal quedaría en la ilegalidad si no se extiende el plazo.
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Los gremios empresariales advirtieron que esta decisión no solo favorecería la expansión de la minería ilegal —que se ha convertido en la principal economía ilícita del país—, sino que vulneraría compromisos ambientales asumidos ante la Comunidad Andina (CAN).
Riesgo comercial y retroceso ambiental
En un comunicado firmado por organizaciones como Adex, Comex Perú, la Sociedad Nacional de Industrias, Confiep, la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se exhortó al Congreso a rechazar la medida y, en cambio, promover una minería de pequeña escala realmente formal, con estándares ambientales y laborales que garanticen seguridad para los trabajadores y las comunidades.
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El documento también llamó al Ejecutivo a asumir un rol activo en esta discusión y articular esfuerzos para frenar economías ilegales como la minería aurífera, la tala y la pesca ilegal. Los gremios señalaron que extender un registro que no ha cumplido sus objetivos debilita al sector formal, afecta la competitividad y pone en riesgo las exportaciones, pues la CAN podría aplicar restricciones comerciales ante el incumplimiento de obligaciones comunitarias.
La Secretaría General de la Comunidad Andina ya había advertido en octubre que las continuas prórrogas del REINFO evidencian que el Estado peruano no ha adoptado medidas suficientes para prevenir y controlar la minería ilegal, ni ha fortalecido mecanismos de extinción de dominio sobre bienes utilizados por redes criminales. La SGCAN resolvió que el Perú incumplió la política andina para combatir esta actividad y otorgó un plazo de 20 días hábiles para corregir el marco normativo.
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La CAN ya sancionó al Perú por el REINFO
Mientras tanto, en regiones como Loreto, la preocupación crece. En junio, 33 comunidades nativas de la cuenca del Nanay demandaron al Estado ante la CAN por no frenar la minería ilegal ni el uso masivo de mercurio que amenaza sus ríos. Los líderes indígenas cuestionaron que el REINFO, lejos de ordenar el sector, habría servido como escudo para operaciones ilegales que siguen expandiéndose.
En el plano interno, la situación también está polarizada. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin anunció una nueva movilización desde el 17 de noviembre para exigir, precisamente, la ampliación del REINFO.
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Mineros artesanales anuncian movilizaciones
Su presidente, Máximo Franco, afirmó que, sin esta prórroga, todos los mineros artesanales quedarían automáticamente en la ilegalidad. En paralelo, cuestionó la falta de avances del Ministerio de Energía y Minas en el proceso de formalización y pidió que las competencias regresen a los gobiernos regionales.
La Comisión de Energía y Minas debe formular un nuevo texto sustitutorio, pero el debate sigue trabado por puntos críticos como la suspensión de los procedimientos de exclusión del REINFO y la reincorporación de más de 50 mil mineros previamente excluidos.
Sin embargo, todo indica que la ampliación tendría respaldo suficiente: bancadas como Juntos por el Perú, Podemos, Perú Libre, la Bancada Socialista, APP, Somos Perú y Fuerza Popular apoyarían la medida. Para analistas, el apoyo fujimorista está impulsado por cálculos electorales y podría definir la votación, tal como ocurrió en 2021 y 2024.
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En este contexto, especialistas advierten que extender el REINFO significaría un golpe a la Ley MAPE y profundizaría la informalidad en un sector clave para la economía nacional. Las decisiones que tome el Congreso en las próximas semanas definirán no solo el futuro de la minería artesanal, sino también la capacidad del país para cumplir sus compromisos ambientales, afrontar la minería ilegal y sostener su credibilidad ante sus socios comerciales.
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