El asilo de Betssy Chávez, expremier de Pedro Castillo, en la residencia de la embajadora de México ha reavivado el debate sobre la obligación de otorgar un salvoconducto que le permita salir del país andino. El internacionalista Francisco Belaúnde sostuvo que corresponde conceder ese permiso conforme al procedimiento establecido en la Convención de Caracas, independientemente de las percepciones sobre la legitimidad del asilo.
Belaúnde explicó que según la normativa internacional vigente, “se tiene que otorgar el salvoconducto más allá de lo que se piense de cómo ha sido dado el asilo”, remarcando que el trámite “se tiene que dar de manera inmediata” como marca la Convención que rige estos procesos. El análisis surge luego del pedido oficial por parte de México, que solicitó las garantías para el traslado de Chávez tras aceptar su solicitud de protección internacional.
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El especialista cuestionó la respuesta de las autoridades peruanas ante el pedido mexicano, calificando la postura de “patear el asunto” por recurrir a distintas interpretaciones del acuerdo internacional. “La postura del gobierno ha sido insistir en la interpretación de lo señalado en el documento oficial, lo que ha retardado la decisión sobre el salvoconducto”, puntualizó Belaúnde.
El internacionalista también fue enfático al referirse al contexto judicial. Señaló que México ha concedido asilo a una persona que, a su juicio, es cómplice de un intento de golpe de Estado. En su intervención, subrayó que “el Tribunal Constitucional la ha liberado. O sea, ¿cómo se puede decir que finalmente ella es objeto de una persecución por el sistema peruano, por el Estado peruano, cuando justamente un organismo del Estado peruano, que es el Tribunal Constitucional, la libera? Entonces, no hay ninguna justificación”.
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La situación de Betssy Chávez ha generado un intenso debate legal y político en el país. Mientras algunos sectores consideran que el procedimiento debe seguir lo estipulado en los organismos multilaterales, otros apuntan las circunstancias en las que se produjo el pedido de asilo y las decisiones judiciales que impactaron su situación.
El caso se mantiene bajo observación en el plano diplomático y judicial, mientras México y Perú continúan las gestiones sobre el salvoconducto y los alcances de la protección internacional solicitada para la exfuncionaria.
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Modificaciones no afectarán a Betssy Chávez
El gobierno de Perú, encabezado por José Jerí, decidió posponer la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez, quien permanece en la Embajada de México a la espera de poder abandonar el país. La ex primera ministra no puede salir de la sede diplomática debido a que está pendiente un nuevo pedido de prisión preventiva en su contra por parte del Poder Judicial.
En este contexto, la Cancillería anunció que presentará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, marco legal que regula el asilo diplomático en la región. El objetivo de la iniciativa busca limitar la concesión del asilo únicamente a perseguidos políticos, excluyendo a personas bajo investigación por delitos comunes.
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No obstante, expertos señalan que, aunque los países miembros de la OEA llegaran a aprobar este cambio, tal modificación no afectaría el caso de Betssy Chávez. El exministro de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Rodríguez Mackay explicó que la Convención está sujeta al principio de irretroactividad. Esto significa que una eventual reforma no aplicaría a procesos ya iniciados, como el de la ex primera ministra.
Rodríguez Mackay subrayó que la propuesta del Ejecutivo peruano representa un aporte al debate internacional sobre el uso del asilo diplomático, pero reiteró que el futuro de Chávez depende exclusivamente del marco legal actual y de la decisión final del Poder Judicial. En este escenario, la situación de Chávez permanece indefinida, y no hay acciones legales que permitan su retiro forzado de la embajada, mientras la sede mexicana en Lima transita hacia una administración temporal a cargo de un tercer Estado.
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