
La expresidenta Dina Boluarte reconoció ante el Poder Judicial que abrió una cuenta bancaria mancomunada junto a otro integrante del partido Perú Libre. Su intervencion se produjo durante una audiencia vinculada al caso “Los Dinámicos del Centro”, en el que el Ministerio Público la investiga por presunto lavado de activos asociado al financiamiento del partido durante la campaña electoral de 2021.
Boluarte, quien en el periodo mencionado ejercía cargos de representación dentro de Perú Libre y aspiraba a la vicepresidencia, detalló en la audiencia que su intervención se limitó a la apertura formal de la cuenta y negó haber gestionado, registrado o realizado aportes personales en esa cuenta.
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“Mi labor sencillamente fue abrir una cuenta mancomunada conjuntamente con otra persona, solo eso. Yo no buscaba aportantes, no lo registraba. De hecho, señores jueces, yo tampoco aporté a esa cuenta. Se creó simplemente para esa finalidad”, mencionó.

La investigación fiscal sostiene que la cuenta, abierta junto a Braulio Grajeda, habría recibido dinero de origen no documentado, presuntamente recaudado por la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”. De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, los fondos habrían sido empleados para cubrir procesos judiciales y el pago de la reparación civil de Cerrón, líder de Perú Libre. La Fiscalía enmarca estos movimientos en un presunto caso de lavado de activos y señala que la exmandataria, por designio de la cúpula partidaria, intervino en el mecanismo para canalizar las donaciones.
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Durante la audiencia judicial Boluarte enfatizó que no asumió ninguna función administrativa en la captación ni gestión de los fondos, y que el dinero reunido tenía un propósito específico del partido. Paralelamente, la audiencia abordó el recurso presentado por la Fiscalía tras el rechazo del pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra Boluarte.
El requerimiento alegaba riesgo de fuga y participación relevante de la exmandataria en la red financiera de Perú Libre. Sin embargo, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, encabezado por el juez Lolo Valdez, determinó el 15 de octubre que no existían elementos suficientes que permitieran imponer la restricción, señalando, entre otros puntos, que los montos bajo investigación no correspondían a una estructura criminal sofisticada.
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Ante los jueces, la exgobernante reiteró que no registra ningún temor procesal y que permanece en el país a disposición de las autoridades. “No he salido a ningún lado y no lo haré porque no tengo absolutamente, señores fiscales, nada que temer. El requerimiento de este impedimento fue rechazado hace un mes aproximadamente. No me he ido, pudiendo hacerlo. Mi casa es pública, la conocen todas, estoy acá y seguiré acá en mi hogar. Después de muchos años, vuelvo a reiterar, estoy gozando de un descanso y de la unidad familiar, y del amor que tengo junto a mi hijo menor”, declaró.
Defendió su permanencia en el país y criticó que los viajes oficiales que efectuó fueran utilizados como argumento para limitar su desplazamiento, pese a contar con autorización previa del Congreso. También rechazó que la residencia de su hijo en el extranjero pudiera ser considerada como elemento de sospecha procesal.
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“Si el tener hijos en el extranjero, como el mío, que con mucha dedicación y esfuerzo ha logrado estar donde está profesionalmente es una razón para ser impedida de salir del país. Imagínese entonces, millones de peruanos estarían perjudicados, hasta ustedes”, mencionó.
Luego de la intervención de todas las partes, la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional dejó al voto la resolución sobre el requerimiento fiscal. Mientras tanto, la investigación fiscal contra Boluarte permanece abierta, en el marco de los procedimientos sobre eventuales delitos de lavado de activos vinculados al manejo de fondos partidarios y la reparación civil de Vladimir Cerrón.
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