La oferta de información personal extraída presuntamente del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se realiza a plena luz del día en el Centro de Lima, según comprobó un equipo periodístico de Latina Noticias que investigó el tráfico ilegal de datos en la zona de Wilson. Los vendedores ofrecen bases de datos con millones de registros por montos que oscilan entre los S/ 100 y S/ 200, según la negociación directa y el tipo de información requerida.
El mercado de datos personales en Wilson
En las calles cercanas a la avenida Inca Garcilaso de la Vega o Wilson, diferentes vendedores abordan a transeúntes para ofrecer listas que aseguran provienen de entidades estatales peruanas. Frente a un comprador infiltrado, uno de los comerciantes detalló: “Tengo base de datos de empresas, personas naturales, operadores, militares, todo“. La naturaleza de la oferta abarca datos de personas y empresas, incluyendo nombres, direcciones, números telefónicos y hasta correos electrónicos.
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La transacción, frecuentemente sujeta a regateo, puede finalizar en solo minutos. Un vendedor accedió a bajar el precio de la base de datos del Reniec a S/ 150 si la compra se concretaba de inmediato. El mecanismo de entrega del archivo puede realizarse a través de WhatsApp o en un USB, según la preferencia del comprador.
Acceso ilícito y vulnerabilidad institucional
Walter Matos, especialista en investigación criminal, sostiene a Latina Noticias que la filtración y venta de esta información implica “un trabajo de hackers que logran vulnerar los sistemas informáticos o la complicidad de funcionarios con acceso a estas bases de datos”. Matos advierte: “Estos hechos involucran delitos de tráfico ilegal de datos y acceso ilícito, cometidos por bandas que aprovechan vacíos legales y la limitada acción de las autoridades”.
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El experto detalla que cada base puede contener hasta veinte millones de datos personales, ofrecidos en archivos Excel que incluyen información como correos, direcciones y teléfonos. “Por cien soles consigo veintemillones de datos, con todo incluido”, afirmó uno de los vendedores interceptados. Las bases de datos de empresas también están disponibles. Un comerciante aseguró: “Ahí está, ciento veinte mil empresas, con dirección y teléfono, el paquete está a doscientos soles”.
El débil marco legal y las consecuencias
El marco legal peruano contempla penas de dos a cinco años para quienes incurren en acceso ilícito y tráfico de datos personales. Sin embargo, de acuerdo con Matos, “la pena suele no superar el umbral necesario para que un fiscal solicite prisión preventiva”. El resultado: “La policía puede realizar un operativo, pero en menos de cuarenta y ocho horas los involucrados recuperan la libertad, lo que fomenta la impunidad”.
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Las autoridades se ven desbordadas por la práctica abierta de este delito. En la zona de Wilson, la compraventa se efectuaba frente a la vista de cualquier persona, sin que se registrara la presencia policial ni operativos al momento de la visita periodística. Un vendedor, al ser consultado por posibles riesgos de ser detenido, respondió: “No, por ahora no”.
Filtraciones previas y reacciones oficiales
Los recientes incidentes exacerban la preocupación sobre la vulnerabilidad de las bases públicas. Este mes, la Junta Nacional de Justicia abrió un proceso de investigación sobre la titular de Reniec, Carmen Velarde, luego de que se difundiera a nivel masivo información del padrón electoral de cara a las elecciones generales de 2026. La entidad ya había sido señalada por la exposición de datos personales a través de mecanismos de acceso público, lo que derivó en cuestionamientos de especialistas e instituciones sobre la protección adecuada de la información ciudadana.
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El caso de Wilson evidencia que, más allá de filtraciones institucionales, el comercio de información personal se mantiene activo a pesar de los esfuerzos regulatorios, exponiendo a millones de peruanos a riesgos de fraude y suplantación.
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