
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha realizado desde el 20 de abril 728 audiencias públicas de recuento de votos a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) en todo el país. Estas sesiones forman parte de la revisión de actas observadas en el marco de las Elecciones Generales 2026, cuyo conteo de votos definirá a los candidatos que pasen a la segunda vuelta que se realizará el próximo7 de junio.
La labor de los JEE se desarrolla bajo un plazo que culmina el 7 de mayo, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno del JNE con el objetivo de garantizar la continuidad de las siguientes etapas del proceso electoral: el registro de resultados, la proclamación de candidatos electos y la entrega de credenciales.
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El proceso de recuento y las actas observadas
De acuerdo con el reporte oficial, los JEE han recibido 60.040 actas electorales observadas, remitidas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). De ese total, 2.659 actas fueron enviadas específicamente para recuento de votos. Hasta la fecha, el 97,84% de estas actas ha generado expedientes, sobre los que se han emitido 20.432 pronunciamientos, cifra que representa el 34,78% del total.

Las actas observadas corresponden principalmente a errores materiales, equivocaciones numéricas, transcripciones erróneas o datos ilegibles, lo que impide su contabilización en el sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las ODPE remiten estas actas a los JEE para su análisis y eventual recuento de votos, en un procedimiento que puede ser apelado ante el Pleno del JNE, aunque la decisión sobre el recuento resulta inimpugnable.
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Del total de expedientes abiertos, el 9,85% corresponde a la elección presidencial, el 26,32% a senadores por Distrito Electoral Único, el 20,57% a senadores por Distrito Electoral Múltiple, el 22,07% a diputados y el 21,20% al Parlamento Andino. Todas las audiencias se transmiten en tiempo real y están disponibles en el portal web del JNE y en JNE Media.

Por qué el JNE descartó elecciones complementarias
En una entrevista difundida por JNE Media, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo Chipoco, expuso los fundamentos que llevaron al Pleno a declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el proceso de 2026. La decisión se tomó por unanimidad, tras analizar información legal, normativa y estadística, así como los reportes de fiscalización.
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Clavijo Chipoco precisó que la Constitución y la ley electoral no prevén elecciones complementarias en procesos generales, a diferencia de lo que ocurre con las municipales, donde la normativa sí contempla esa posibilidad bajo circunstancias específicas. En el caso de las elecciones presidenciales, el único mecanismo alternativo es la segunda vuelta, prevista para los escenarios en que ningún candidato supere el 50% de los votos.
La funcionaria explicó que, durante la jornada del 12 de abril, se registraron retrasos en la entrega de material electoral en 19 distritos de Lima Metropolitana, situación que involucró a poco más de un millón de electores. El JNE adoptó medidas inmediatas, como la ampliación del horario de instalación de mesas hasta las dos de la tarde y la extensión de la votación en trece locales hasta el lunes siguiente, lo que permitió que más de cien mil personas pudieran votar a pesar de las incidencias.
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El análisis del ausentismo mostró que, en las mesas instaladas fuera de horario, el porcentaje de abstención aumentó solo 1,4 puntos respecto a las instaladas a tiempo, alcanzando un 20,9%. Según Clavijo Chipoco, este margen no resultó suficiente para justificar la convocatoria a nuevas elecciones, ya que el ausentismo responde a múltiples causas, desde cuestiones personales hasta problemas logísticos.
La secretaria general remarcó que el proceso electoral sigue avanzando con la resolución de actas observadas, etapa que se extiende hasta el 7 de mayo. La segunda vuelta está programada para el 7 de junio, en línea con el calendario oficial. Todas las decisiones del Pleno y las audiencias públicas son difundidas conforme a la ley, garantizando transparencia y apego al marco normativo.
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