Betssy Chávez: de asegurar que querían matarla en prisión, a ser asilada en México

La crisis política entre Perú y México alcanzó un nuevo punto de tensión tras conocerse que Betssy Chávez, expremier durante el gobierno de Pedro Castillo y figura central en el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, fue beneficiada con asilo político por el gobierno mexicano. Este giro internacional marca el desenlace de una saga judicial y personal en la que Chávez pasó de denunciar graves amenazas a su vida durante su encarcelamiento a desencadenar la ruptura formal de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La expremier, quien aseguró en marzo del 2023 no tenerle miedo a la prisión, fue detenida y trasladada ese mismo año al Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, en Lima, para cumplir una orden de 18 meses de prisión preventiva mientras afrontaba proceso judicial ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Las autoridades la consideran parte del círculo más cercano de Castillo, y la acusan de actuar para disolver el Congreso y alterar el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022.

Durante su reclusión, la situación de la exfuncionaria se complicó notablemente. Entre julio y agosto de 2025, denunció que su vida e integridad física corrían peligro dentro de la prisión. Afirmó recibir un “trato hostil” y responsabilizó directamente a la directora del penal y a la jefa de seguridad por cualquier atentado en su contra. Las denuncias incluyeron acusaciones de chantaje sexual, maltrato psicológico y físico, alegaciones de hostigamiento continuo y lesiones sufridas durante un traslado en ambulancia bajo custodia oficial.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) respondió a las acusaciones y emitió comunicados negando que existieran pruebas sobre actos ilícitos en la prisión o vulneración de derechos. Informes oficiales del INPE señalaron que, tras realizar las respectivas investigaciones, no encontraron evidencia de tortura ni hostigamiento.

En consecuencia, la exfuncionaria anunció una huelga de hambre que pasó a huelga seca, responsabilizando de su eventual fallecimiento a las autoridades. Aunque sus allegados se expresaban públicamente preocupados, los reportes médicos develaban que presentaba parámetros normales y solo un cuadro de deshidratación leve.

No fue hasta el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que, tras el pedido de hábeas corpus de la defensa de Chávez, dispuso su inmediata liberación tras identificar detención arbitraria entre el 20 y el 27 de diciembre de 2024. Según la sentencia, durante esos días la exfuncionaria continuó privada de libertad sin mandato judicial vigente, excediendo los plazos legales de prisión preventiva establecidos en el artículo 274 del Código Procesal Penal, por lo que ordenó su excarcelación, aunque dejó abierta la adopción de medidas menos gravosas para garantizar su presencia ante la justicia.

Ya en libertad, como parte de las reglas de conducta, se le impuso no ausentarse de la localidad en la que reside sin autorización del Juzgado, pasar por control biométrico cada 7 días y presentarse a la autoridad los días que se indiquen. Las alertas se activaron al reportarse su ausencia injustificada a tres audiencias consecutivas del juicio oral.

La última vez que la suspendida congresista fue parte de una sesión fue vía virtual, donde discutió con la jueza Norma Carbajal, luego de que esta última rechazara un pedido para suspender la sesión por razones médicas tras hallar incongruencias. Es justo en este contexto que, posteriormente, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema suspendió por 2 meses a su abogado Raúl Noblecilla, y ordenó su expulsión por las próximas 6 sesiones del juicio oral contra Pedro Castillo por el golpe de Estado.

Ello, al constatarse que el certificado médico de la Clínica Chorrillos era aparentemente falso. El centro de salud reconoció que la expremier acudió a su local, pero negó haber prescrito su descanso y tener alguna relación con el médico que firmó el certificado médico. Incluso, anunciaron que tomarían las acciones legales.

Posteriormente, consultado por la ubicación de Chávez, su otro abogado, César Romero Váldez, manifestó ante la sala que desconocía la situación de su defendida. “La suposición del doctor (Raúl Noblecilla o Luis Barranzuela) es que continuaría enferma. Eso ya yo lo dejo a criterio de la sala y ya estaré, pues a la resolución o lo que la sala mande en su momento”, declaró.

Al percatarse que no se ha presentado un nuevo certificado médico que justifique la continuidad de la supuesta enfermedad, la Sala advirtió que declarará reo contumaz a la expremier Betssy Chávez si vuelve a faltar al juicio oral por el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Tras varios días sin conocerse de su paradero, el canciller Hugo de Zela confirmó que concretó su plan inicial desde el golpe de Estado: asilarse en la embajada de México. Como consecuencia, el gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con México, reduciendo los vínculos bilaterales estrictamente al ámbito consular.

La cancillería peruana calificó de “inaceptable” la protección a una ciudadana sometida a juicio y recordó que el asilo político debe regirse por principios de buena fe y colaboración judicial, no para evadir procesos penales por delitos graves