El golpista expresidente Pedro Castillo está próximo a ser inhabilitado hasta por 10 años de la función por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre, lo que sepultaría todo intento de postular en las Elecciones 2026. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podría debatir a inicios de noviembre el informe final de las denuncias constitucionales contra Castillo por este caso.
El último viernes se realizó la audiencia de estas denuncias constitucionales. Pedro Castillo se presentó desde el Penal Barbadillo y despotricó contra el Congreso y su presidente encargado, el fujimorista Fernando Rospigliosi, al que calificó de “basura”.
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“Estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado correcto del pueblo (sic). En ese sentido, estaré aquí y en donde quieran ustedes, en Palacio de Gobierno, nos vamos a encontrar. Nos vemos en el cambio de mando. Me he dirigido al pueblo, no a esta Subcomisión, más aún que el día de hoy tiene a un presidente del Congreso a esa basura de Rospigliosi”, dijo. Luego se desconectó de la sesión.
Esta no fue el único incidente registrado en la audiencia. La misma tuvo que interrumpirse en varias ocasiones por declaraciones impertinentes, discursos políticos e incluso, faltas de respeto. Ejemplo de esto último fue el intercambio entre el congresista Alejandro Cavero y el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla.
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Esta denuncia constitucional también comprende, y podría acabar en su inhabilitación, a la expremier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Todos ellos han negado haber tenido conocimiento sobre el mensaje golpista de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022.
Lo que viene
Tras más de tres horas de sesión, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la apepista Lady Camones, dio por cerrada la audiencia de las denuncias constitucionales contra Pedro Castillo y sus coacusados por el golpe de Estado. Asimismo, dispuso que la congresista delegada, la somista Ana Zegarra, elabora el informe final en un plazo de 5 días hábiles.
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En su informe final, Zegarra deberá proponer a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si corresponde inhabilitar por hasta 10 años al expresidente y sus excolaboradores por infringir la Constitución. Ahora bien, los plazos para la presentación del informe no siempre se cumplen, por lo que lo más probable es que se pida una prórroga. Así, el documento podría debatirse durante el mes de noviembre.
Si el informe final que recomienda la inhabilitación es aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se eleva a la Comisión Permanente. En esta instancia también se le dará la oportunidad a Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez para defenderse. Luego se procede a votar.
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La última instancia en el proceso de acusación constitucional es el Pleno del Congreso. Al igual que en la Subcomisión y Comisión Permanente, se le brindará las facilidades al exmandatario y sus excolaboradores de dar sus descargos ante la representación final. Luego se da la votación final. Si se alcanzan los votos necesarios, la inhabilitación será un hecho y se acabarán las aspiraciones electorales de los golpistas.
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