Un audio exclusivo divulgado por La Contra expone la defensa abierta de Humberto Chávez, gerente general de Claro, sobre la venta ambulatoria de chips prepago, una práctica señalada por autoridades y especialistas como un factor que facilita delitos como la extorsión.
En la grabación, Chávez reconoce que “del 100% de las ventas que se hacen de SIMCards para prepago, más del 75% se hacen por la venta ambulatoria, por la venta itinerante”. El directivo admite que esta modalidad constituye la principal vía de ingresos para las operadoras y advierte: “Erradicar un canal que representa prácticamente la totalidad de las ventas es cortarnos las piernas. Se acaba el mal, pero se acaba el operador”.
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Estas declaraciones del CEO de Claro se dieron en una reunión con los funcionarios de Osiptel, en la que discutían la regulación de la venta de chips prepago, dejando en evidencia la importancia que tiene para la empresa la venta ambulatoria, pese a que constituye un canal utilizado por extorsionadores y está prohibido por la ley.
Julio Corcuera, exviceministro del Interior, ha señalado a Cuarto Poder que la extorsión prospera gracias al anonimato, y que la adquisición de chips en la vía pública posibilita que las líneas queden registradas a nombre de terceros. Esto permite que quienes cometen delitos realicen llamadas desde números imposibles de rastrear. Investigaciones periodísticas advierten que es posible adquirir sin dificultad un chip activado por apenas 20 soles en el centro de Lima.
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El organismo regulador, Osiptel, enfrenta un escenario desafiante. Desde 2019, ha impuesto multas superiores a 125 millones de soles a las principales compañías de telecomunicaciones: Claro, Entel, Bitel y Movistar. Ninguna ha cumplido con el pago de estos montos. A pesar de la aprobación hace seis meses de la Ley N° 32451 —norma que penaliza con cárcel la venta ambulatoria de chips—, la falta de reglamentación ha impedido su entrada en vigor. La ley fue modificada tras gestiones de la congresista Rosángela Barbarán y observaciones del Ejecutivo dirigido por Dina Boluarte, quedando excluidas las sanciones penales para los altos responsables de las empresas.
Comunicado de Claro Perú tras difusión de audio
La empresa Claro Perú rechazó cualquier insinuación de intereses económicos ilícitos, tras la difusión de un audio atribuido a su gerente general en el que se discuten temas de control y venta de chips.
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Mediante un comunicado enviado a Infobae Perú, la compañía asegura que el audio corresponde a una reunión formal realizada hace más de un año con el entonces presidente de Osiptel, en la que se analizaron propuestas para fortalecer la cooperación contra la delincuencia en el país, y refiere que los porcentajes mencionados en ese registro solo tienen carácter referencial y responden a datos vigentes antes de la implementación de nuevas medidas de seguridad.

La empresa informó que, en esa reunión, respaldó medidas para prevenir delitos en la venta de chips e impulsó sanciones penales más severas para quienes comercializan o adquieren chips sin verificación biométrica. Claro Perú señala que ha implementado controles como la doble identificación y que todos sus puntos de venta están registrados, con la venta ambulatoria prohibida. Según la compañía, estas acciones han sido notificadas al regulador.
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Asimismo, la empresa de telecomunicaciones indica que mantiene colaboración institucional con la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la delincuencia y afirma que opera conforme a la normativa vigente. La compañía concluye señalando que ha sido la primera en solicitar mayores exigencias al regulador en la comercialización de tarjetas SIM y que apoya la aplicación de sanciones a quienes incumplan la ley.
Rafael Muente acusa interferencia política
Rafael Muente, quien estuvo al frente de Osiptel, fue suspendido de su cargo en septiembre de 2024 por presuntas irregularidades en la contratación de un curso de capacitación, y nuevamente en mayo de 2025 en el marco de una investigación por supuestamente haber influido en dicha contratación. Durante la encargatura de Jesús Guillén Marroquín, la dirección del organismo experimentó una reestructuración casi total en un claro intento de captura política total del regulador.
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“De manera inconsulta y sin coordinación conmigo, Guillén comenzó a remover a todos los altos directivos de Osiptel, los reemplazó, movió o despidió. Si a uno le encargan algo, no es para hacer o deshacer a su antojo”, señaló en Infobae Perú.
Muente, a través de una publicación en X el 20 de octubre, sostuvo que la difusión del audio evidencia el motivo real detrás de las acciones en su contra. “¿Se entiende ahora por qué el gobierno de Boluarte inició el procedimiento para suspenderme por un año a los pocos días de promulgada la ley que prohíbe la venta callejera de chips? [...] Hay muchísimo dinero en juego y yo soy un estorbo por haber elegido defender, como es mi obligación, a la seguridad ciudadana por encima de los intereses económicos de las empresas”, manifestó el funcionario.
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