
Sumándose a la narrativa fraudista de Rafael López Aliaga, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), representada por el alcalde Renzo Reggiardo, ha presentado una demanda de conflicto competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante el Tribunal Constitucional. El objetivo es anular el acuerdo del Pleno del JNE que declaró inviable la realización de “elecciones complementarias” tras los fallos logísticos de la jornada del 12 de abril.
Según la demanda a la que accedió Infobae, el argumento central de la MML para recurrir al TC no es la defensa del voto, sino un supuesto “menoscabo” de sus funciones municipales. De acuerdo con el documento, la decisión del JNE de no repetir el sufragio en las mesas afectadas traslada hacia la comuna limeña la carga de gestionar una “conflictividad urbana” que compromete la seguridad ciudadana, el tránsito y el orden en el Centro Histórico.
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La demanda sostiene que las protestas y movilizaciones sociales derivadas de la insatisfacción electoral generaría costos extraordinarios en personal, limpieza y conservación del patrimonio que, dicen, la MML no debería asumir.
La comuna fuerza el supuesto conflicto competencial al vincular su competencia de “velar por la seguridad y el ornato” con la validez de un proceso electoral nacional. Lo que en realidad se buscaría, advierte el experto José Naupari, sería una intervención indebida del TC.
“Aunque a mi juicio, la demanda competencial es manifiestamente improcedente, cuidado que, cortesía de las reformas del Congreso, se necesitan 4 de 7 votos, y no 5, como ocurre con la inconstitucionalidad, para que sea declarada fundada”, dijo Naupari.
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Exigencias
El JNE ya ha advertido que la figura de las “elecciones complementarias” no existe para procesos generales, sino únicamente para municipales bajo causales estrictas. La MML, no obstante, califica esta negativa como una “motivación insuficiente” y una “clausura absoluta” del derecho al sufragio.
Por ello exige que se declara nula la decisión del JNE y emita un nuevo pronunciamiento “en plazo breve y razonable, con motivación reforzada, evaluando alternativas focalizadas de tutela del sufragio y distinguiendo expresamente entre nulidad general, que no se solicita, y remedios localizados”.
“Si el remedio exigiera formalización por otro Órgano del Estado, se ordene al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) activar la coordinación interorgánlca correspondiente con el Poder Ejecutivo, ONPE, PCM y demás entidades competentes, en aplicación de los principios de cooperación, lealtad constitucional y .solución democrática de conflictos”, se lee.
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En su demanda, Reggiardo afirma que el TC no funcionaría como una “instancia revisora del resultado electoral”, sino como el órgano llamado a delimitar las competencias “cuando el ejercicio material de una atribución constitucional por el Jurado Nacional de Elecciones menoscaba el ejercicio regular de competencias constitucionales de otro nivel de gobierno”.
Lo que sigue
Con la demanda presentada, el Pleno del TC deberá sesionar para determinar primero si se admite la demanda competencial o no.
Para ello, no solo basta con los requisitos formales como contar con legitimidad para iniciar un proceso competencial, sino que preliminarmente deberán evaluar si efectivamente habría un conflicto competencial.
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