El Poder Judicial programó para este miércoles 15 de octubre la audiencia de impedimento de salida del país contra la vacada expresidenta Dina Boluarte por presunto lavado de activos. Así lo dispuso el juez Fernando Váldez Pimentel, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
El magistrado justificó la programacion de la audiencia para dicha fecha debido a que se trata de un caso complejo “lo que implica un tiempo prudencial para el correcto análisis ymotivación del mismo”, además de la recargada agenda de su despacho judicial.
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El Juzgado precisa en su resolución que la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses será presencial, por lo que la Fiscalía y el abogado de Dina Boluarte tendrán que concurrir a la sede de la Corte Superior Nacional en el Centro de Lima.
Simultaneamente, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, presentó su propio pedido de impedimento de salida del país contra la exmandataria por presunta negociación incompatible en un caso vinculado a las cirugías estéticas a las que se sometió sin dar cuenta al Congreso. En este caso, el órgano encargado de convocar la respectiva audiencia y resolver el pedido será el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria.
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Dina Boluarte y el lavado de activos
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos imputa a la expresidenta Dina Boluarte ser presunta autora del delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia.
La Fiscalía sostiene que Boluarte está vinculada a una organización criminal y que las acciones se cometieron en el marco de actividades ilícitas previas relacionadas con delitos contra la Administración Pública.
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La imputación se centra en el manejo de una cuenta mancomunada del Banco de Crédito del Perú (BCP) registrada a nombre de Dina Boluarte y Braulio Grajeda. Esta cuenta habría sido utilizada para el retiro, conversión y transferencia de dinero maculado.
El dinero ilícito provendría de coimas y cupos exigidos a trabajadores CAS y servidores públicos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC-Junín), disfrazados como “aportes voluntarios”. En este punto se vincula al caso Los Dinámicos del Centro. Estos fondos, que ascienden a S/ 15,805.00, tenían como destino final el pago de la reparación civil a favor de Vladimir Cerrón.
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Peligro de fuga y capacidad económica
Para sustentar la necesidad de la medida de impedimento de salida del país, el Ministerio Público alega la existencia de un riesgo concreto de fuga. Se indica que la investigada posee la capacidad económica para abandonar el país, gracias a su salario de presidenta, el mismo que incrementó a más del doble durante su Gobierno.
El riesgo de fuga se refuerza con la mención de un extenso itinerario de viajes internacionales ya realizados hasta agosto de 2025 cuando era jefa de Estado, incluyendo destinos como Brasil, Estados Unidos, Italia, Alemania y China. El requerimiento fiscal argumenta que, a pesar de haber sido vacada de la Presidencia de la República por el Congreso, su poder económico facilita la salida del país.
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