Congreso no tiene responsabilidad en el paro de transportistas, según congresista Wilson Soto

El congresista Wilson Soto Palacios, representante de Acción Popular, afirmó que el Congreso no tiene responsabilidad en el paro de transportistas que se realiza este lunes 6 de octubre en Lima Metropolitana. En declaraciones a Exitosa, Soto señaló que la gestión de la crisis recae en el Poder Ejecutivo, responsable de las políticas de seguridad y de responder a las demandas del sector transporte.

El legislador sostuvo que la falta de coordinación entre el Gobierno y los órganos de justicia favorece la impunidad de los delitos contra transportistas. Soto explicó que, aunque la Policía Nacional captura a delincuentes, estos son liberados rápidamente por el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que perpetúa la violencia contra conductores y cobradores. La reiteración de ataques criminales en el sector ha generado alarma y llevó a la convocatoria del “apagado de motores” por parte de gremios de transporte.

La presidenta Dina Boluarte también se pronunció sobre el paro y reconoció el impacto de la inseguridad y las extorsiones en el sector transporte, señalando que el Gobierno está trabajando para responder a la ola de crímenes. Sin embargo, descartó que los paros sean una solución efectiva al problema de fondo y exhortó a los transportistas a mantener el diálogo y la colaboración con las autoridades. Desde enero de 2025 hasta la fecha se han registrado 47 asesinatos de transportistas en el país, siendo la más reciente víctima un conductor de la empresa Lipetsa.

A pesar del pedido de mayor seguridad, ni el Congreso ni el Ejecutivo han asumido responsabilidad directa por la crisis. Soto remarcó que el Congreso legisla, pero el Gobierno es el encargado de ejecutar políticas y velar por la seguridad ciudadana. El paro ha visibilizado el descontento de los trabajadores del transporte ante la ineficacia de las acciones estatales para neutralizar la violencia. La medida busca presionar a las autoridades a adoptar respuestas contundentes ante la problemática que afecta a miles de familias peruanas.

En la mañana del 6 de octubre, seis empresas de transporte público bloquearon la Panamericana Norte, una de las principales vías de Lima, en el marco del paro de transportistas que reclama seguridad ante la ola de extorsiones y asesinatos que sufren conductores y cobradores. La medida mantiene interrumpido el tránsito vehicular en un tramo clave de la ciudad, desde el óvalo Habich hasta Puente Piedra, lo que genera una fuerte congestión y afecta tanto a usuarios como a conductores particulares.

Transportistas han anunciado la intención de sostener el bloqueo durante 24 horas, según informaron a Canal N, y buscan que el Congreso reciba directamente sus pedidos. Sin embargo, agentes de la Policía Nacional han impedido el avance de los manifestantes más allá de los puntos de control establecidos para prevenir enfrentamientos y proteger la integridad de los participantes y terceros.

La protesta surge como respuesta a múltiples casos de cobro de cupos y agresiones violentas que, según los gremios del sector, son perpetrados por organizaciones criminales. Exigen garantías para trabajar y mayor protección por parte del Estado. El reciente asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa ha motivado un “apagado de motores” coordinado, en el que empresas de Lima y Callao suspendieron totalmente sus servicios durante la jornada.

El gremio ha invitado a la ciudadanía a apoyar la demanda de seguridad mediante cacerolazos. Insisten en que repetirán estas acciones cada vez que se produzca un nuevo ataque contra trabajadores del transporte hasta lograr respuestas efectivas de las autoridades.