El sector del transporte público urbano en Lima y Callao se encuentra en alerta ante el aumento de la violencia contra sus trabajadores. Un sector importante de ese gremio advirtió que existe la posibilidad de iniciar un paro sucesivo en los próximos días si ocurre una nueva víctima mortal relacionada con la criminalidad que afecta al sector.
Así lo aseguró en la víspera Martín Ojeda, representante de la Cámara Internacional del Transporte, en declaraciones recogidas por Panamericana y Domingo al Día.
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El dirigente explicó que la medida de protesta será adoptada si se registra otro asesinato de un conductor o cobrador este lunes 6 de octubre. En ese caso, el martes 7 también se paralizaría el servicio en los principales corredores urbanos de Lima y Callao.
Ojeda remarcó en Panamericana que solo participan empresas y conductores del transporte público urbano en ambas ciudades, excluyendo al transporte interprovincial.
La decisión de este grupo de transportistas se produce tras el reciente asesinato de un chófer en San Juan de Miraflores, vinculado a una de las empresas más representativas de la capital.
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Ojeda enfatizó que la situación es insostenible para el gremio, señalando que las bandas criminales han dirigido su accionar especialmente hacia el transporte público. “Más de quince millones de viajes en Lima y Callao quedan en riesgo”, subrayó el dirigente.

Según lo explicado en Domingo al Día, otro dominical en el que también brindó declaraciones, el sector acordó durante una reunión realizada el sábado 4 de octubre que, ante cada nuevo fallecimiento relacionado al transporte urbano, apagarán motores de manera inmediata el día hábil siguiente.
“Nosotros hemos dado la palabra con estos conos que, al primer asesinato, se tendría que hacer un apagado de motores. Sin marcha, sin tinte político, es un acto de solidaridad que se podrá repetir”, afirmó el dirigente.
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Para el miércoles 8, que es feriado en Perú, la paralización pasaría al jueves 9 si se produjera otra víctima el martes 7. El mismo esquema regirá en fechas posteriores: si ocurre un asesinato en un día hábil, el paro se ejecutará en la jornada siguiente, respetando los feriados establecidos, de acuerdo a lo dicho por Ojeda.

La posición tomada por los conos Este, Norte y Sur ha sido comunicada de manera formal a las principales autoridades del país. Ojeda dirigió su mensaje a la presidenta de la República, al presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación, solicitando respuestas concretas para afrontar la violencia que afecta a su sector.
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Además, expresó que, pese a los esfuerzos realizados por la Policía Nacional del Perú (PNP), estos no alcanzan para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios del transporte urbano. “Vemos un mayor apoyo con motos y drones, pero no tiene la suficiente cantidad”, señaló el vocero gremial.
Cabe mencionar que la noche del domingo, otro conductor volvió a ser baleado a mano de la criminalidad en el distrito de San Juan de Lurigancho. La víctima manejaba un bus de transporte público de la conocida empresa Santa Catalina. El sicario se hizo pasar por pasajero y le disparó varios veces. El chofer Guillermo Alvarez Valverde ahora tiene dos balas alojadas en el cuerpo y se debate entre la vida y la muerte.
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¿Qué empresas acatarán?
Empresas emblemáticas de San Juan de Lurigancho, como Huáscar, Santa Catalina y la 50, confirmaron su adhesión. En el Cono Norte, compañías como Los Loritos, Zeta, Consorcio Vías y Nueva América también anunciaron su respaldo.
En el Cono Sur se adoptó la misma posición, según expuso Martín Ojeda. El portavoz recalcó que cada empresa decidirá su participación, pero el acuerdo alcanza a los principales operadores de la capital.
Ojeda insistió en que la paralización tendrá carácter pacífico y consistirá en “un apagado de motores”, sin marchas públicas ni movilizaciones en las calles. El propósito, aclaró, es contribuir a la visibilidad del problema y exigir acciones concretas de los tres poderes del Estado, en particular en lo referente a coordinación interinstitucional y presupuesto para fortalecer la seguridad.
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“En esta oportunidad no se trata de cifras ni de representación, sino de solidaridad con los compañeros asesinados”, recalcó el dirigente gremial.
Los transportistas esperan respuestas inmediatas de las autoridades, dado que sus trabajadores cumplen una función esencial que impacta en la movilidad diaria de millones de ciudadanos en la capital peruana y Callao.
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