Las aguas que abastecen a Iquitos están en riesgo. Un reciente sobrevuelo realizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS–Perú) junto a autoridades y embajadas extranjeras reveló la presencia de más de 40 dragas mineras ilegales operando en los ríos Napo y Nanay, las principales fuentes de agua para la ciudad más grande de la Amazonía peruana. Desde el aire, las imágenes muestran un escenario alarmante: ríos turbios, campamentos improvisados en plena selva y montículos de arena que evidencian el daño causado por la minería ilegal de oro.
Los sobrevuelos, realizados los días 29 y 30 de septiembre, abarcaron las cuencas del Nanay, Napo, Cotuhé y bajo Amazonas, zonas clave para la biodiversidad y el sustento de comunidades que dependen de la pesca y el agua limpia. Las autoridades constataron que la actividad ilegal no solo avanza con fuerza, sino que amenaza con reproducir la crisis ambiental vivida en otras regiones amazónicas. Los datos del monitoreo histórico son contundentes: entre 2001 y 2023, los distritos de Alto Nanay y Napo perdieron más de 15.800 hectáreas de bosque, una cifra que muestra la velocidad con la que se está transformando este ecosistema.
Más de 40 dragas operan libremente en los ríos que abastecen a Iquitos
Durante el primer día del operativo aéreo, los equipos de la FCDS y representantes de distintas instituciones sobrevolaron los ríos Nanay y Napo, observando campamentos mineros activos y decenas de dragas que operaban sin control sobre los cauces principales. El impacto visual es evidente: aguas turbias, bancos de arena, desmontes en las riberas y áreas deforestadas que avanzan hacia zonas de protección.
En la jornada participó Per Nilsen, embajador de Noruega en Chile, quien subrayó la magnitud del problema: “Hoy hemos realizado un sobrevuelo con la Fundación FCDS, que trabaja en visibilización y documentación. Es un trabajo muy importante para entender la complejidad de la situación actual y lo que llevo conmigo, más que todo, es una reflexión sobre el aumento exponencial que estamos experimentando ahora mismo en la minería de oro ilegal”, expresó.
Los registros fotográficos confirman que la minería ilegal se ha expandido incluso dentro de zonas de amortiguamiento de áreas naturales, afectando ríos que antes eran considerados prístinos. En los últimos años, el aumento del precio del oro y la falta de control estatal en zonas remotas impulsaron el ingreso de nuevas dragas y grupos dedicados a la extracción ilícita. La situación amenaza no solo la biodiversidad amazónica, sino también la seguridad hídrica de Iquitos, ciudad que depende del Nanay y el Napo para su consumo diario.
En la triple frontera, el crimen organizado impone su dominio
El segundo día de inspección se enfocó en la cuenca del río Cotuhé y la zona fronteriza con Colombia y Brasil, un corredor donde convergen diversas economías ilegales. Si bien se observó una menor cantidad de dragas, las imágenes aéreas revelaron un fenómeno igualmente preocupante: la expansión de cultivos ilícitos de hoja de coca. Se detectaron nuevos lotes sembrados, otros en preparación y un proceso acelerado de deforestación en áreas colindantes.
El fiscal especializado en materia ambiental, Franco Gonzales, advirtió que el panorama refleja una creciente convergencia del narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera y fauna. “El sobrevuelo evidenció delitos ambientales en Cotuhé y Putumayo, como minería ilegal y cultivos ilícitos, que están golpeando gravemente a nuestra Amazonía. Esta zona fronteriza está siendo aprovechada por economías ilegales que amenazan tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales”, señaló.
Los sobrevuelos contaron con el respaldo de la Fundación Gordon and Betty Moore y la participación de instituciones como la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada (FECOR), el Sernanp, Conservación Amazónica–ACCA, la Sociedad Zoológica de Frankfurt, el Comité de Defensa del Agua y delegados de las embajadas de Noruega y Alemania. Todas ellas coincidieron en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado y articular esfuerzos para frenar la expansión de las actividades ilegales que hoy amenazan a una de las zonas más ricas, y a la vez más vulnerables, de la Amazonía peruana.
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