En el Perú hay al menos 1.800 internos que no han sido plenamente identificados en las cárceles del país. Este vacío, más que administrativo, representa una alerta sobre el nivel de control que el sistema penitenciario tiene sobre su propia población.
Ante ello, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha iniciado un plan nacional de identificación, en coordinación con el RENIEC, con el objetivo de reducir los márgenes de anonimato que podrían estar siendo aprovechados por organizaciones criminales que operan desde los penales.
La iniciativa empezó en los establecimientos penitenciarios de Ancón I y Ancón II, donde ya se han detectado noventa casos de identidad dudosa o múltiple, según informó el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. El proceso consiste en verificar las huellas dactilares de los internos en las bases de datos del Reniec, la Policía Nacional del Perú y la Superintendencia de Migraciones. Si no se logra confirmar su identidad, el Estado deberá registrar al interno de forma inmediata.
El plan busca frenar la inseguridad ciudadana al reducir las brechas de información que permiten la suplantación o el uso de identidades falsas. Las intervenciones están siendo coordinadas por la Dirección de Registro Penitenciario del INPE, con apoyo del Ministerio del Interior, la Dirección de Criminalística de la PNP y otras instituciones.
El riesgo del anonimato en cárceles hacinadas
El problema se agrava si se considera el hacinamiento del 136 % que enfrentan los penales del país. De acuerdo con datos oficiales, más de 98.000 personas privadas de libertad se encuentran en cárceles diseñadas para poco más de 41.000. Esta situación llevó al gobierno a declarar en emergencia el sistema penitenciario en noviembre de 2024, con vigencia de 24 meses.
El decreto que oficializó la medida reconoce que solo la mitad de los reclusos vive en condiciones mínimamente adecuadas, mientras que el resto enfrenta infraestructura colapsada, hacinamiento, falta de acceso a salud y servicios básicos. Esta precariedad no solo dificulta la reinserción social, sino que también aumenta la posibilidad de corrupción, extorsión y redes criminales internas.
Uno de los factores más críticos es el elevado número de personas en prisión preventiva, que representa más del 30% del total de internos. Es decir, miles de detenidos aún no cuentan con una sentencia firme, lo que congestiona el sistema y prolonga innecesariamente la estadía en condiciones inadecuadas.
Ingreso ilegal de objetos desde las visitas
A la crisis de identificación y sobrepoblación se suma otro problema clave: el ingreso ilegal de objetos a través de las visitas. Según datos recientes del propio INPE, más de 600 visitas fueron intervenidas entre enero y agosto de 2025 al intentar ingresar droga, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios del país.
Las visitas intentaron introducir estos elementos con métodos cada vez más sofisticados, lo que evidencia las fallas en los controles y la necesidad de fortalecer los protocolos de revisión y seguridad.
El INPE ha señalado que continuará reforzando las medidas de inspección y ha instado a las familias a no prestarse al ingreso de objetos ilegales, advirtiendo consecuencias penales.
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