El congresista Guido Bellido, de la bancada de Podemos Perú, presentó el proyecto de ley 12125, para establecer que reos realicen trabajo obligatorio como parte de su “régimen de tratamiento penitenciario orientado a su resocialización”.
Para ello, se tendría que modificar los artículos 23° y 59° de la Constitución Política del Perú para añadir el siguiente texto: “El trabajo en centros penitenciarios es obligatorio para las personas privadas de libertad, como parte del proceso de reinserción social, respetándose sus derechos fundamentales y condiciones mínimas laborales”.
Asimismo, se tendrían que cambiar los artículos 28, 29, 73 y 75 del Texto Ordenado Del Código de Ejecución Penal. Por ejemplo, en cuanto a la remuneración, se menciona que un 10% servirá obligatoriamente para costear los gastos que genera la actividad laboral del reo y el 20% para costear, parcialmente, su manutención. “El resto deberá ser distribuido en la forma que establece el reglamento”, menciona el texto.
¿Cuál es la justificación?
De acuerdo con Bellido, presentó esta iniciativa porque “una parte importante de los internos no accede a las actividades educativas, terapéuticas o productivas que les permitan desarrollar habilidades para reintegrarse adecuadamente en la sociedad al concluir su condena”. En ese sentido, afirma, pueden reincidir al salir de la cárcel y no encuentran formas de generar ingresos legalmente, reinciden en actos delictivos.
A modo de justificación, menciona que existes “diversos informes” de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales de derechos humanos han advertido que el sistema penitenciario peruano, en su estado actual, no garantizaría adecuadamente “los fines resocializadores de la pena privativa de libertad”.
“Frente a ello, se hace urgente replantear el enfoque del tratamiento penitenciario, adoptando mecanismos efectivos que no solo reduzcan los niveles de ocio en los penales, sino que fortalezcan la formación laboral, la disciplina y el sentido de responsabilidad de los internos”, acota.
Planean enviar presos a El Salvador
Este año, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció ante el Congreso que el Gobierno de Dina Boluarte estudia la posibilidad de trasladar a reos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen o a centros penitenciarios en El Salvador.
Uno de los puntos centrales considerados es la transferencia de internos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un penal de máxima seguridad con capacidad para 40 mil presos, conocido por sus estrictas medidas de control. El objetivo principal es descongestionar el sistema penitenciario peruano y reforzar la autoridad del Estado ante organizaciones criminales. “El Perú no permitirá que sus cárceles sean plataformas del crimen”, afirmó Arana al presentar su plan de acción.
La iniciativa no es exclusiva del Ejecutivo. La congresista Katy Ugarte recientemente propuso, mediante un proyecto de ley, el envío de reos considerados de alto riesgo a cárceles extranjeras. Sin embargo, tanto la propuesta parlamentaria como la del gabinete solo contemplan el traslado de delincuentes extranjeros, manteniendo a los reos de nacionalidad peruana bajo custodia en penales del país.
La medida, diseñada para atacar el hacinamiento carcelario y dificultar la operación de redes criminales, todavía no se encuentra definida en cuanto a la viabilidad de su implementación.
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