La presidenta de la República, Dina Boluarte, se dirigió a los transportistas que convocaron una paralización para este 2 de octubre como medida de protesta frente a la ola de extorsiones y asesinatos que afecta a chóferes y empresas de transporte público.
Durante la inauguración de la III sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la mandataria cuestionó la nueva convocatoria a paro y exhortó a los dirigentes a optar por el diálogo para evitar la medida de fuerza. Advirtió que estas protestas solo generan perjuicios al sector, pues implican pérdida de días de trabajo, además de afectar a los ciudadanos que dependen del servicio para movilizarse.
Boluarte también minimizó el impacto de las movilizaciones en la lucha contra la delincuencia, al sostener que este tipo de acciones no contribuyen a reducir los índices criminales.
“En consecuencia, señores transportistas, depongamos estas medidas de fuerza y podamos conversar de manera directa y lleguemos a cosas concretas, porque con un paro de 24, 48 horas o más, en ese tiempo, no se va a solucionar el tema de la delincuencia o el crimen organizado”, declaró.
La presidenta Dina Boluarte también comparó la situación del Perú con la de otros países y aclaró que las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial no son responsables del alcance ni del poder que han adquirido las organizaciones criminales.
“Tenemos que ser reales y objetivos. Y este problema de la delincuencia y el crimen organizado no lo ha generado la presidenta Boluarte o el Ejecutivo o el Congreso o el Poder Judicial, viene de atrás”, explicó.
Asimismo, justificó el avance de la criminalidad en el país por el crecimiento del crimen transnacional.
“Esto se ha ido incrementando porque ahora son organizaciones criminales transnacionales. Migran de país en país, se organizan desde afuera y desde afuera atacan y no es la excepción el Perú. Igual situación o peor están pasando en otros países”, agregó.
Usuarios reportan poca afluencia de buses
En las primeras horas de la mañana, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la mayoría de empresas de transporte circulaban con normalidad. El jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, señaló que, hasta ese momento, no se habían reportado incidentes en las distintas zonas de la capital.
Un mensaje en la misma línea dio el ministro de Transportes, César Sandoval, quien calificó el paro como un “fracaso”. Sin embargo, la realidad fue distinta para muchos usuarios, que sí sintieron el impacto de la paralización.
En Lima Norte, los pasajeros se vieron obligados a caminar porque piquetes de manifestantes atacaban a los buses que continuaban operando. En otros casos, tuvieron que pagar hasta S/ 8 en autos colectivos por un pasaje que, en un día normal, cuesta solo S/ 2.
En San Martín de Porres, algunos chóferes denunciaron que fueron agredidos y que los manifestantes pincharon las llantas de sus vehículos, lo que obligó a los pasajeros a descender en plena vía.
Uno de los afectados, visiblemente mortificado, declaró a los medios de comunicación su frustración por no encontrar transporte para regresar a su casa. “El ministro nos mintió”, increpó.
Acuerdos llegados tras el paro de transportes
El Congreso anunció que los gremios de transportistas suspendieron el paro convocado en Lima tras haber alcanzado un acuerdo con las autoridades. La medida, que implicaba una paralización de actividades, fue levantada luego de una serie de reuniones en las que participaron representantes de los transportistas y miembros del Legislativo.
Durante las negociaciones, las partes abordaron la problemática de la extorsión y la inseguridad que afecta al sector, especialmente a los conductores de transporte urbano y de carga. Los gremios habían exigido mayores acciones del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en las principales rutas del país.
Como resultado del diálogo, el Congreso se comprometió a promover reformas normativas y aumentar la fiscalización para proteger a los trabajadores del transporte.
Además del compromiso legislativo, las autoridades prometieron fortalecer la presencia policial en los puntos más críticos y mejorar los mecanismos de denuncia. Los transportistas señalaron que esta respuesta constituye un avance respecto a sus demandas, aunque advirtieron que mantendrán la vigilancia sobre el cumplimiento de los acuerdos.
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