La presidenta de la República, Dina Boluarte, responsabilizó al Ministerio Público por las demoras en la ejecución de allanamientos contra “los verdaderos delincuentes”. Según afirmó, la Policía Nacional ya ha solicitado intervenir inmuebles vinculados a organizaciones criminales, pero las autorizaciones no se concretan con la rapidez que exige la coyuntura.
“No estamos de brazos cruzados en nuestros escritorios. Inclusive nuestra Policía Nacional sale herida o entrega su propia vida. El tema de vencer a la delincuencia y al crimen organizado no solo está en el Ejecutivo. Desde nuestro lado estamos haciendo todos nuestros esfuerzos”, señaló durante su discurso en la III sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
La mandataria advirtió que existen operaciones de inteligencia avanzadas que no se materializan por falta de respuesta fiscal y judicial.
“La Policía nos informa de que están pidiendo, por ejemplo, al Ministerio Público para que puedan allanar inmediatamente los inmuebles de los verdaderos delincuentes, de los verdaderos criminales, pero están a la espera. Que pueda llegar al Poder Judicial y, y este poder del Estado pueda atender esa solicitud”, agregó.
Este cuestionamiento se suma a críticas previas al trabajo fiscal, sobre todo cuando las investigaciones alcanzan a su entorno. Un ejemplo fue el último allanamiento a su hermano, Nicanor Boluarte, que generó una protesta del gabinete ministerial.

En ese marco, la jefa de Estado insistió en que la lucha contra la criminalidad demanda un esfuerzo conjunto entre todas las instituciones. “Es decir, es el trabajo articulado que debamos de vencer a la delincuencia común, al crimen organizado”, puntualizó.
Las declaraciones de Boluarte se produjeron en un contexto de creciente inseguridad ciudadana, marcado por asesinatos, extorsiones y ataques a transportistas en Lima y Callao. Precisamente, la ola de violencia motivó a los gremios de transporte a convocar un paro el 2 de octubre, con el fin de exigir mayores garantías de seguridad.
En ese escenario, el mensaje de la mandataria buscó trasladar la presión hacia el sistema de justicia, reclamando mayor rapidez en las acciones contra las mafias del crimen organizado.
Impacto del paro de transportes
Durante las primeras horas del día, la Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que el servicio de transporte público funcionaba con normalidad. El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, sostuvo que no se habían registrado incidentes en la capital en ese lapso de la mañana.
El ministro de Transportes, César Sandoval, también reforzó este mensaje al afirmar que la paralización había sido un “fracaso”. No obstante, la percepción de los pasajeros fue muy diferente, pues varios enfrentaron dificultades para movilizarse.

En Lima Norte, grupos de manifestantes atacaron buses que seguían circulando, lo que obligó a los usuarios a continuar su trayecto a pie. En otros casos, los pasajeros tuvieron que recurrir a autos colectivos, pagando hasta S/ 8 por un viaje que normalmente cuesta solo S/ 2.
En distritos como San Martín de Porres, los conductores denunciaron agresiones y reportaron que sus llantas fueron desinfladas, lo que interrumpió los recorridos y dejó a los pasajeros varados.
Un ciudadano afectado expresó su indignación ante la prensa, al señalar que no encontraba transporte para regresar a su hogar.“El ministro nos mintió”, reclamó.
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