
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decidió prorrogar la investigación preparatoria contra el golpista expresidente Pedro Castillo. Aunque el requerimiento fiscal inicial solicitaba una ampliación de 24 meses, el juez Edhin Campos determinó que lo proporcional, necesario y razonable era 20 meses adicionales para concluir con las diligencias pendientes.
Según la resolución a la que accedió Infobae, el PJ accede a ampliar el plazo de la investigación preparatoria por la “extrema complejidad”. Y es que en esta carpeta están involucrados 98 investigados (entre aforados y no aforados) que formarían parte de una red de corrupción incrustada en los niveles más altos del Ejecutivo.
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La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, al solicitar la prórroga, indicó que ello no responde a una “inactividad del Ministerio Público, sino debido a las características objetivas del caso”.
Entre las diligencias pendientes, que deberá realizar dentro de los 20 meses adicionales, será el análisis de 40 muestras de equipos informáticos, la toma de declaración de 121 personas, procesamiento de información obtenida del levantamiento del secreto de las comunicaciones y bancario, y realización de pericias de ingeniería civil y contables sobre obras ejecutadas en regiones como Cajamarca, Amazonas y Loreto.
Pese a la oposición de la defensa de Castillo, que alegó una supuesta “dejadez” fiscal, el juez validó la necesidad de un plazo extendido para alcanzar un “esclarecimiento integral” que permita a la Fiscalía decidir si se formula una acusación o se solicita el archivo de la causa.
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Los hechos imputados
De acuerdo con la imputación fiscal, a Pedro Castillo se le atribuye haber encabezado una red criminal que habría operado desde el interior del aparato estatal. Por ello, en este expediente, se le atribuye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
La tesis fiscal sostiene que la planificación de esta red se habría gestado incluso antes de la toma de mando, durante la segunda vuelta electoral de 2021. Una vez en el poder, el objetivo de la organización que lideraría Castillo habría sido manipular procesos de contratación.
Estos hechos se habrían materializado específicamente en tres sectores clave:
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: A través del direccionamiento de obras vinculadas al Decreto de Urgencia N.° 102-2021.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Mediante intervenciones en Provías Nacional y Provías Descentralizado.
- Petroperú S.A.: En relación con procesos de adquisición de biodiésel y otros contratos de la empresa estatal.

Seguirá en prisión preventiva
El Poder Judicial prolongó por 12 meses la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. La decisión, tomada por el juez supremo de la investigación preparatoria Edhin Campos responde al incremento del riesgo de fuga del exmandatario tras la condena a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Según el fallo judicial, la existencia de una sentencia eleva el incentivo de evasión, ya que la confirmación en segunda instancia consolidaría la perspectiva de una privación de libertad extensiva.
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En el análisis del riesgo procesal, se resaltó que el entorno internacional actual es propicio para una eventual evasión. El juez Edhin Campos consideró que las declaraciones del Gobierno de México configuran “un marco internacional de protección política efectiva que trasciende lo hipotético y demuestra la viabilidad material de un eventual acogimiento del investigado en el extranjero”.
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