El debate público sobre la posible declaratoria de toque de queda en Trujillo y otras ciudades de La Libertad se intensificó luego de los últimos atentados con explosivos, específicamente en la urbanización Las Quintanas.
Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, sostuvo en declaraciones a RPP que la evidencia demuestra que “esta medida es restrictiva para la ciudadanía y también para nuestro sector productivo”. Agregó que, lejos de resolver los problemas estructurales de seguridad, la implementación de esta restricción afectaría principalmente la economía formal sin golpear a las organizaciones delictivas que siguen operando en la ciudad.
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Guerra contextualizó su postura al analizar los resultados derivados de los estados de emergencia anteriores en Trujillo, Virú y Pataz, los cuales —afirmó— “no son los óptimos y todavía no se logra ni siquiera o frenar de alguna forma nada más el gran problema del crimen organizado que tenemos”. Resaltó que la reciente ola de atentados debe entenderse como una expresión de un problema estructural más complejo que la sola búsqueda de restricciones como el toque de queda.
El líder empresarial sentenció que “si no tomamos medidas inmediatas, firmes, coherentes, inteligentes, vamos a condenar a nuestra ciudad a una permanente situación”, apelando a la urgencia de estrategias de seguridad más integrales para la región.
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Dentro de los sectores afectados, Guerra remarcó el grave impacto que tendría un toque de queda sobre la industria turística, la hotelería, la restauración y lugares de entretenimiento nocturno, así como fábricas y plantas de producción que operan las 24 horas. Subrayó que la afectación trasciende a los negocios directos para incluir a proveedores y trabajadores asociados, afectando con gravedad el tejido económico regional.
Solicitud regional de estado de sitio y demandas ante el Ejecutivo
El pedido de toque de queda y estado de sitio surgió a raíz del atentado ocurrido el pasado 5 de septiembre en Trujillo, lo que motivó que el Gobierno Regional de La Libertad solicite formalmente esta intervención con el argumento de que el control de la ciudad pase a manos de las Fuerzas Armadas. Según el pronunciamiento oficial, la propuesta se sustentó en la persistencia de incidentes violentos pese a la inversión logística realizada para fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP).
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El 17 de septiembre, el gobierno regional informó que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se comprometió a elevar la petición de toque de queda durante la próxima sesión del Comité Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). A su vez, el gobernador César Acuña saludó el respaldo del Ejecutivo al considerar el pedido.
Más allá de la solicitud de medidas excepcionales, el Gobierno Regional de La Libertad amplió su demanda por mayor dotación de recursos y apoyo logístico a diversas municipalidades, incluyendo Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora y Alto Trujillo. El objetivo indicado es fortalecer la respuesta ante la creciente inseguridad ciudadana en estos importantes núcleos urbanos del norte peruano.
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En el análisis actual, la voz del empresariado se suma al debate nacional sobre el equilibrio entre la seguridad y la actividad económica, con énfasis en la necesidad de políticas coordinadas y sostenibles que aborden las causas profundas de la criminalidad. Fernando Guerra enfatizó que “las instituciones deben trabajar de forma unida” frente a la crisis de seguridad y alertó sobre la insuficiencia de personal policial, así como la precariedad del sistema de videovigilancia local.
Según el dirigente, las soluciones rápidas o mediáticas pueden resultar “música para el oído del ciudadano”, pero no garantizan una resolución duradera de los problemas de inseguridad. La demanda por mayor inversión, mejor coordinación y soluciones de largo plazo marca el actual pulso entre autoridades, empresarios y la ciudadanía en la región.
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