El Congreso aprobó por insistencia la creación de 20 universidades públicas pese a la observación del Ejecutivo, que alertó sobre la falta de presupuesto suficiente para garantizar su funcionamiento. La medida busca ampliar la cobertura de la educación superior en distintas regiones del país, pero expertos y exfuncionarios cuestionan su viabilidad y el impacto que podría tener en la calidad académica.
Marilú Martens, exministra de Educación, manifestó en Canal N que la decisión carece de planificación y es “irresponsable y populista”. Señaló que la creación masiva de universidades sin un plan integral que asegure financiamiento y estándares mínimos podría debilitar el sistema universitario. “Crear veintidós universidades sin un plan integral que asegure la calidad y el financiamiento va a debilitar nuestro sistema”, afirmó.
Condiciones mínimas para operar
La exministra recordó que toda universidad debe pasar por un riguroso proceso de licenciamiento a cargo de Sunedu antes de iniciar operaciones. Esto asegura que cuente con infraestructura adecuada, laboratorios, docentes con perfil académico idóneo y programas pertinentes a la realidad regional. Según Martens, una universidad básica con dos carreras requiere aproximadamente 105 millones de soles para cumplir con estas condiciones. Multiplicado por 22 instituciones, la cifra supera ampliamente los recursos previstos en el presupuesto nacional.
Martens señaló que los congresistas no han explicado de dónde provendrá este financiamiento ni cómo se garantizará la sostenibilidad a largo plazo. “No se trata solo de inaugurar locales, sino de asegurar que haya docentes, laboratorios y condiciones que los estudiantes merecen”, dijo en la entrevista.
Falta de respaldo financiero y riesgos
La exministra advirtió que sin un presupuesto anual garantizado, las nuevas universidades no podrán cubrir los costos recurrentes de operación. Esto incluye salarios de docentes, mantenimiento de infraestructura y recursos para laboratorios. “Son universidades de papel que pueden tener acceso, pero no calidad ni sostenibilidad”, afirmó.
Además, recordó experiencias previas donde más de 100 universidades fueron cerradas por no cumplir con estándares mínimos. Esto demuestra la importancia de controles estrictos antes de expandir la oferta educativa. Martens enfatizó que la medida, aprobada por insistencia pese a la observación del Ministerio de Educación, carece de sustento técnico y podría afectar la credibilidad del sistema universitario.
Contexto regional y desigualdad
Martens destacó que la decisión se toma en un contexto donde la desigualdad educativa es alta y las expectativas de estudiantes y familias son sensibles. La ampliación de la oferta universitaria es una intención positiva, pero la falta de planificación y presupuesto puede generar desconfianza y profundizar brechas. “Genera falsas expectativas a los ciudadanos en medio de la desigualdad y la insatisfacción”, dijo.
Señaló que tampoco se realizó una evaluación técnica sobre las necesidades específicas de cada región. Esto implica que algunas universidades podrían abrir con carreras no pertinentes a la realidad local, mientras que otras áreas con demanda insatisfecha seguirían sin acceso a educación superior de calidad.
Alternativa: fortalecer universidades existentes
La exministra planteó que, en lugar de crear nuevas universidades, el Estado podría ampliar filiales de instituciones ya licenciadas y con prestigio académico. Esta estrategia permitiría ofrecer educación de calidad en regiones con menor acceso, garantizando sostenibilidad financiera y pertinencia de los programas.
“Abramos filiales bien equipadas en regiones, en lugar de universidades de papel”, concluyó Martens en Canal N, insistiendo en que la educación superior requiere planificación y recursos asegurados, no medidas improvisadas que prioricen la inauguración de edificios sobre la formación de estudiantes.
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