El Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, anunció la nulidad del contrato de S/121 millones adjudicado a la empresa de la familia Coca-Condori para la obra de ampliación y mejoramiento de la carretera Huanchaco–Trujillo. La decisión se tomó tras revelarse múltiples irregularidades en el proceso de licitación, inicialmente expuestas en informes periodísticos de Cuarto Poder y respaldadas por observaciones de la Contraloría General de la República.
La medida establece la paralización de la obra por un periodo de 90 días, durante los cuales se preparará una nueva licitación para ejecutar el saldo pendiente. Según el gobierno regional, esta decisión busca garantizar transparencia en el proceso y corregir los cuestionamientos que surgieron en torno a la adjudicación, considerada desde un inicio como polémica.
Irregularidades en las contrataciones
Las investigaciones periodísticas y los reportes de la Contraloría revelaron que los contratos de la familia Coca-Condori no solo alcanzaban a La Libertad, sino también a otros gobiernos regionales, lo que evidenciaría un patrón de favorecimiento en la asignación de proyectos de infraestructura. En este caso, la beneficiaria directa fue Lucero Nicole Coca-Condori, de 23 años, cuya empresa logró adjudicarse millonarios contratos pese a su limitada experiencia en el rubro.
Ante estos hallazgos, la Contraloría dispuso citaciones a gerentes de la gestión de César Acuña, con el fin de esclarecer los procesos y las condiciones bajo las cuales se otorgaron los contratos. El organismo de control ya había alertado previamente sobre inconsistencias y posibles conflictos de interés en la adjudicación de la carretera Huanchaco–Trujillo, lo que aumentó la presión sobre el gobierno regional para tomar medidas inmediatas.
Empresa de Lucero Coca ganó licitaciones en otras regiones
La empresa LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., registrada a nombre de Lucero Coca Condori, una joven de 23 años sin trayectoria previa en obras públicas, ha logrado adjudicarse contratos con el Estado por S/522 millones en tres regiones del país: La Libertad, Junín y Loreto. La magnitud del caso fue revelada inicialmente por el programa Panorama, que informó sobre contrataciones millonarias en la gestión de César Acuña en el Gobierno Regional de La Libertad. Posteriormente, una investigación de Epicentro TV amplió el hallazgo al descubrir que la misma empresa también obtuvo adjudicaciones en Junín y Loreto, en procesos con características similares.
Según Epicentro TV, LC & EC carece de personal técnico acreditado —como ingenieros civiles o arquitectos—, y tampoco tiene experiencia registrada en construcción ni sede física identificable. Pese a estas limitaciones, en 2025 obtuvo dos contratos en La Libertad: S/121.5 millones para el Corredor Vial Norte (Trujillo-Huanchaco) el 31 de enero y S/194.58 millones para el mejoramiento del Hospital Provincial de Virú el 8 de mayo, sumando más de S/315 millones. La compañía participó en consorcios con Marquisa S.A.C. y Riva S.A., pero en ambos casos asumió entre el 90% y el 50% de las responsabilidades, mientras sus socias solo aportaron experiencia mínima.
Adjudicaciones en Junín y Loreto
En Junín, la empresa consiguió un contrato por S/207.091 millones el 9 de abril de 2025 para el mejoramiento y ampliación del Hospital Manuel Higa Arakaki, en Satipo, durante la gestión del gobernador Zósimo Cárdenas. Allí formó un consorcio con Riva S.A., que participó apenas con el 3%, mientras que LC & EC asumió el 97% de la ejecución. En este proceso, 11 postores fueron descalificados, quedando como único oferente válido. La Contraloría General de la República ya ha abierto una investigación ante la falta de experiencia de la empresa y las dudas sobre la transparencia de la licitación.
El mismo patrón se repitió en Loreto. El 24 de abril de 2025, LC & EC ganó un contrato por S/22.415 millones para el mejoramiento del Hospital Regional Felipe Arriola Iglesias, en Maynas. En este caso, la empresa integró el Consorcio Hospital Loreto junto a Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A., que aportó solo el 1% de la experiencia, mientras LC & EC asumió el 99% de las obligaciones.
Especialistas como la abogada Mónica Yaya han cuestionado que este esquema, aunque formalmente legal, aproveche vacíos normativos que permiten a empresas sin trayectoria imponerse en procesos millonarios.
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