La empresa LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., registrada a nombre de una joven de 23 años sin trayectoria previa en obras públicas, ha obtenido contratos con el Estado por S/522 millones en tres regiones del país: La Libertad, Junín y Loreto. El monto supera ampliamente lo informado inicialmente y revela un patrón repetido en las adjudicaciones: convocatorias millonarias ganadas por una firma sin personal técnico acreditado, sin experiencia registrada ni sede física identificable.
El caso fue revelado por el programa Panorama, que expuso que la empresa logró contratos por S/300 millones durante la gestión de César Acuña al frente del Gobierno Regional de La Libertad. Sin embargo, una investigación de Epicentro TV reveló que la misma compañía también obtuvo adjudicaciones en los gobiernos regionales de Junín y Loreto, en procesos con características similares: licitaciones por altos montos en las que los demás postores fueron descalificados durante la etapa de evaluación.
Empresa sin experiencia técnica, pero con millonarios contratos
LC & EC, creada en 2023 por Lucero Coca Condori, carece de personal técnico acreditado, como ingenieros civiles o arquitectos, y no tiene experiencia registrada en construcción, según Epicentro TV. A pesar de ello, en 2025 obtuvo dos contratos en La Libertad: S/121.5 millones para el Corredor Vial Norte (Trujillo-Huanchaco) el 31 de enero y S/194.58 millones para el mejoramiento del Hospital Provincial de Virú el 8 de mayo, sumando S/315.6 millones.
La empresa formó consorcios con Marquisa S.A.C. y Riva S.A., que aportaron experiencia técnica con participaciones mínimas (10% y 1%, respectivamente), mientras LC & EC asumió entre el 90% y el 50% de las responsabilidades, incluyendo la ejecución de las obras. Este modelo, aunque legal, ha sido criticado por expertos como Mónica Yaya por aprovechar vacíos legales que permiten adjudicaciones a empresas sin trayectoria.
S/207 millones adjudicados por el Gobierno Regional de Junín
En Junín, LC & EC se adjudicó un contrato por S/207.091 millones el 9 de abril de 2025 para el mejoramiento y ampliación del Hospital Manuel Higa Arakaki en Satipo, bajo la gestión del gobernador Zósimo Cárdenas. Según el medio citado, LC & EC formó un consorcio con Riva S.A., que aportó experiencia con una participación del 3%, mientras LC & EC asumió el 97% de las responsabilidades.
En este proceso, 11 competidores fueron descalificados, dejando al consorcio de LC & EC como único oferente válido. La Contraloría ha iniciado investigaciones sobre esta adjudicación debido a la falta de experiencia de la empresa y las dudas sobre la transparencia del proceso.
En Loreto, otra obra por S/22 millones
En Loreto, LC & EC obtuvo un contrato por S/22.415 millones el 24 de abril de 2025 para el mejoramiento del Hospital Regional Felipe Arriola Iglesias en Maynas. La empresa formó el Consorcio Hospital Loreto con Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A., que aportó experiencia técnica con una participación del 1%, mientras LC & EC asumió el 99% de las responsabilidades.
Según Epicentro TV, este contrato sigue el mismo patrón: una empresa sin historial técnico gana licitaciones millonarias, mientras los socios con experiencia tienen roles mínimos. Las similitudes con los procesos en La Libertad y Junín han generado preocupación sobre los controles aplicados en las contrataciones públicas.
Acuña rechaza vínculo y afirma que no conoce a la dueña
César Acuña, gobernador de La Libertad, negó cualquier vínculo con LC & EC o Lucero Coca Condori, afirmando que no la conoce y que los procesos de licitación fueron transparentes, gestionados por comités técnicos bajo la Ley de Contrataciones del Estado.
Sin embargo, los medios Epicentro TV y Panorama revelaron reuniones de Coca Condori y su padre, Juan Carlos Coca Rojas, con Acuña y el gerente regional Martín Namay, antes de las adjudicaciones. La Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría investigan posibles irregularidades, especialmente por la ausencia de cartas fianza en los contratos de La Libertad, permitida por la Ley N.° 32103, y las bajas participaciones de las empresas con experiencia en los consorcios, lo que plantea interrogantes sobre la equidad y legalidad en las adjudicaciones.
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