La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó al Poder Judicial que se dicte impedimento de salida del país por un periodo de doce meses contra Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, quien afronta una acusación formal por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado peruano. La medida fue gestionada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera.
“De conformidad con lo señalado en el artículo 295 y 296 de la Constitución Política del Perú, requiero impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses contra la procesada Betssy Chávez Chino, a quien se le ha formulado requerimiento acusatorio como coautora del delito contra los poderes del Estado”, reza la solicitud.
La medida se da a cuatro días de que la exintegrante del gabinete ministerial de Pedro Castillo recupere su libertad por orden del Tribunal Constitucional y la Fiscalía desista de pedir la prolongación de prisión preventiva en su contra.
Como se conoce, el máximo intérprete de la carta magna consideró que en el caso de la expremier se dio una “una flagrante vulneración del derecho a no padecer detenciones arbitrarias”. Ello porque permaneció en prisión 8 días después de que el plazo inicial de 18 meses había vencido.
Los magistrados también apunta a la Fiscalía por solicitar la prolongación de la prisión preventiva un día antes de que venza el plazo, lo que califican como una “inveterada y preocupante práctica” que fue avalada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria al resolver el pedido “después de consumarse la detención arbitraria”.
“En definitiva, (la Fiscalía) este tuvo la oportunidad de solicitar la prolongación mucho antes del vencimiento del plazo original y el órgano jurisdiccional hubiera evitado que se consumara la detención arbitraria. Y es que este tipo de detención, siempre reñida con el Derecho, se consuma así haya transcurrido una hora, un día o una semana“, se lee en la sentencia.
Frente a ello, el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, explicó que el desistimiento se basa en que no se puede pedir la prolongación de una prisión preventiva que venció, sumado a que Chávez ya se encuentra en libertad.
“Resulta inoficioso porque no se puede solicitar la prolongación de una prisión preventiva de una persona que ya goza de libertad”, indicó en la audiencia del viernes 5 de setiembre. Así, la exjefa del gabinete seguirá en libertad bajo comparecencia simple, por lo que afrontará lo que resta del juicio oral por rebelión, así como la sentencia, en libertad.
No podrá trabajar en el Congreso
Pese a que el parlamentario Roberto Sánchez hizo público su intención de contratar a la expremier como asesora personal en el Congreso, el titular de la entidad explicó que está imposibilitada de hacerlo.
“Ella intentó cerrar el Congreso, eso está en materia de investigación. Para nosotros como Congreso no procede. Trabajará donde seguramente tenga la oportunidad, pero en el Congreso de la República no”, manifestó José Jerí.
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