El peor año para el periodismo desde los 90: CPP advierte sobre la penetración del crimen organizado en la política del Perú

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su profunda preocupación por las amenazas de muerte contra el periodista Manuel Calloquispe, reconocido por sus investigaciones sobre minería ilegal, trata de personas y crimen organizado en Madre de Dios. La organización instó al Estado a garantizar su seguridad, en un contexto que califican como el peor año para la prensa peruana desde la década de los noventa.

El director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar, explicó en entrevista con Latina que el caso de Calloquispe no es aislado, sino parte de una tendencia alarmante: “Este año ya han sido asesinados dos periodistas, Gastón Medina en Ica y Raúl Celis en Loreto, en contextos ligados al crimen organizado. El periodismo en zonas de alta conflictividad se ha vuelto una labor de alto riesgo”.

Amenazas contra la prensa en aumento

Según Salazar, las amenazas contra el periodista Manuel se producen tras años de investigaciones que han expuesto a mafias vinculadas a la minería ilegal en La Pampa y otras áreas críticas de Madre de Dios. El periodista ya había sufrido anteriormente ataques directos, incluido un violento episodio en el que unas 200 personas rodearon y agredieron su vivienda.

El CPP advirtió que la intimidación no solo proviene de bandas criminales, sino también de actores políticos que buscan desacreditar o silenciar a la prensa con insultos, campañas de desprestigio y procesos judiciales prolongados. “Lo más fácil es matar al mensajero”, lamentó Salazar, recordando que en la actualidad muchos periodistas enfrentan demandas interminables que les generan ansiedad, desgaste económico y limitaciones para ejercer su labor.

“El peor año para el periodismo desde los noventa”

Salazar afirmó que la libertad de prensa en el Perú atraviesa un momento crítico: “Estamos viviendo el peor año para la labor periodística desde los años 90. No solo por los asesinatos, sino por el hostigamiento sistemático, las amenazas y la impunidad frente a estos ataques”.

El directivo agregó que la situación responde a la penetración del crimen organizado en la política y a un clima de polarización extrema, en el que se busca convertir al periodista en el enemigo. “Lo que tenemos ahora no son políticos de carrera, sino emprendedores de la política que buscan lucrar. Y en ese esquema, el periodista que investiga se convierte en un obstáculo”, señaló.

El Consejo de la Prensa reiteró su pedido al Gobierno y a la Policía Nacional para que se otorguen garantías efectivas a Manuel Calloquispe y a todos los periodistas que trabajan en contextos de riesgo.

“Se podría considerar a Manuel como un héroe del periodismo. Cubre lo que nadie cubre, arriesgando su vida para exponer economías ilegales que dañan al país. No podemos permitir que quede desprotegido”, enfatizó Salazar.

La investigación que casi le cuesta la vida a Calloquispe

El periodista Manuel Calloquispe se ha convertido en blanco de amenazas de muerte tras exponer las actividades criminales de la organización ‘Los Guardianes de la Trocha’, dedicada a controlar la minería ilegal en la zona de La Pampa, en Madre de Dios. Su trabajo ha revelado las pugnas internas dentro de esta red criminal, la cual quedó dividida luego de la muerte de su líder, Yván Fernández Pérez, alias ‘Tony’, en 2024.

En marzo de este año, Calloquispe documentó para Inforregión los enfrentamientos entre facciones lideradas por los hermanos Fernández Pérez, alias ‘Brayam’ y ‘Chili’. Su cobertura incluyó el megaoperativo del 18 de agosto en Puerto Maldonado, donde participaron 200 agentes de la PNP enviados desde Lima. Aunque la acción permitió detener a 25 personas e incautar armas de guerra, granadas y chalecos antibalas, los principales cabecillas lograron escapar.

Diez días después, una balacera entre ambos bandos confirmó la persistencia de la disputa. Cuando el periodista preparaba su informe sobre este nuevo episodio, recibió una llamada amenazadora por WhatsApp, presuntamente de Albert Carranza Fernández, miembro de la seguridad de una de las facciones. Fue en ese momento que Calloquispe alertó a las autoridades, aunque —según relató— no obtuvo respuesta inmediata y tuvo que recurrir a los gremios periodísticos para obtener protección.

Más allá de la violencia criminal, el periodista ha denunciado que la minería ilegal continúa expandiéndose en La Pampa a pesar de la presencia de fuerzas del orden. Incluso, señaló que algunos efectivos del Ejército han sido descubiertos colaborando con mineros ilegales, como en el caso de tres militares capturados por los propios mineros en un operativo fiscal, uno de los cuales hoy cumple prisión preventiva.

Calloquispe estima que actualmente más de 20 mil mineros ilegales operan en La Pampa, con al menos tres rutas de salida para el oro extraído. Una de ellas conecta con Bolivia a través de Juliaca y Desaguadero, lo que ha permitido que el vecino país se convierta en un importante exportador del oro amazónico. Según sus investigaciones, detrás de este circuito ilícito existiría interés de redes criminales internacionales, incluso con nexos hacia Rusia y países árabes.