
El miércoles 27 de agosto, fiscales anticorrupción allanaron la residencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, en el conjunto residencial de las torres de San Borja. La diligencia, autorizada judicialmente y ejecutada bajo estricta reserva, tuvo como finalidad recabar elementos que lo vincularan con una investigación sobre presunta organización criminal que involucra al ministro de Justicia, Juan José Santivañez Antúnez.
La operación comenzó poco después de las seis de la mañana, con la presencia del fiscal adjunto Raúl Guerrero y personal del Equipo 5 del EFICCOP, quienes solicitaron apoyo a tres suboficiales de la comisaría de San Borja. La medida, calificada de inusual por su sigilo y por requerir intervención de efectivos locales, incluyó además el allanamiento simultáneo de otros diez inmuebles y oficinas implicados en el caso.
Durante la intervención, los fiscales revisaron minuciosamente la vivienda ubicada en el segundo piso del edificio, acompañados en todo momento por Claudia Boluarte, hija de Nicanor y residente en la propiedad, según registros oficiales. El operativo se extendió hasta el vehículo familiar y formó parte del denominado Operativo Ícaro, centrado en esclarecer los presuntos vínculos entre Nicanor Boluarte y personajes claves como el empresario Franco Parodi (mina “El Dorado”) y el abogado Marco Palacios Meza, cercano al ministro Santiváñez.
De acuerdo con la solicitud judicial, el EFICCOP fundamentó el procedimiento en audios, videos y conversaciones extraídas del celular aportado por un testigo protegido. Estos elementos daban cuenta de una interacción sostenida entre Nicanor Boluarte, Parodi y Palacios, incluyendo visitas a oficinas del coronel PNP en retiro Percy Tenorio Gamonal, otro nombre clave en la pesquisa. Se investigan, entre otros hechos, el presunto favorecimiento con contratos, cobros irregulares para evitar retiros policiales y operaciones dirigidas desde la minera “El Dorado”.
¿Qué halló la Fiscalía en la casa de Nicanor?
La fiscalía halló en la residencia de Nicanor Boluarte documentos físicos y dispositivos electrónicos: teléfonos celulares, memorias USB y papeles diversos. Entre los objetos incautados, resaltó especialmente un borrador de un informe de fiscalización del Gobierno Regional de Ayacucho a la mina “El Dorado”, considerado un hallazgo relevante. Dicho documento, según la investigación, habría servido para beneficiar a la empresa facilitando su retorno a la extracción minera, tras restricciones impuestas por el informe público. Punto Final reportó que el archivo fue enviado digitalmente a la secretaria de Tenorio, Julissa Lores Muñoz, en noviembre de 2024.
El hermano de la mandataria no figura entre los imputados hasta ahora y ha negado cualquier relación laboral o comercial con la minera, Parodi o Palacios, rehusando vínculo con las operaciones señaladas por la fiscalía. Su defensa afirmó que la presencia de tales documentos corresponde a papeles ordinarios, que “no prueban ningún delito”, postura reforzada por declaraciones públicas de su abogado, Luis Vivanco.
Sin embargo, la fiscalía considera que el hallazgo del borrador de inspección regional explica los motivos detrás de las visitas de Nicanor Boluarte a la oficina administrada por Tenorio en San Isidro. Según los testimonios, estas reuniones habrían servido para gestiones de arraigo laboral con la minera, considerada por el Ministerio Público como parte de presuntas contraprestaciones.
El operativo Ícaro forma parte de una investigación más amplia sobre supuestas actividades de una red liderada por el ministro Santivañez durante su paso por el Ministerio del Interior. La presunta organización estaría involucrada en la manipulación de operativos policiales, tráfico de influencias y ocultamiento de pruebas, según la tesis fiscal.
El allanamiento duró cerca de 14 horas y finalizó pasadas las ocho y media de la noche. Pese a que ante los medios de comunicación Nicanor Boluarte negó cualquier vínculo con la minera e incluso conocerla, la fiscal adjunta Melissa Angulo confirmó que se lograron incautar objetos plausibles de estar vinculados al delito en investigación.
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