El Poder Judicial rechazó la solicitud del expresidente Pedro Castillo para anular el juicio oral relacionado con el fallido intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022, por el cual la Fiscalía ha pedido una condena de 34 años de prisión.
Según una resolución difundida este jueves por RPP, la jueza constitucional de Lima, Ana Osorio, declaró improcedente el habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario, que alegaba la vulneración de varios derechos fundamentales.
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La defensa pretendía invalidar la resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que fijó para el 4 de marzo de 2025 el inicio del juicio oral. Además, solicitaba anular todas las actuaciones previas en la etapa de juzgamiento y designar un nuevo tribunal supremo encargado del caso.
El recurso alegaba afectaciones al derecho a la libertad personal, al debido proceso —en su componente de imparcialidad judicial— y a una defensa adecuada. Sin embargo, la magistrada concluyó que no se acreditó ninguna vulneración a los derechos mencionados.
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En la resolución emitida el 25 de agosto, la jueza señaló que los integrantes de la Sala Penal Especial garantizaron en todo momento el derecho de defensa del acusado. Ante la ausencia de un abogado particular, se le asignó un defensor de oficio y se le concedió un plazo razonable para entrevistarse con él y preparar su estrategia legal. Por ello, no se constató ninguna afectación a su derecho de defensa.
El Ministerio Público ha solicitado una pena de 34 años de prisión en su contra por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
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Desde el 7 de diciembre de 2022, el expresidente permanece recluido bajo una orden de prisión preventiva de 18 meses. Además, enfrenta otra medida similar por 36 meses mientras se le investiga por presuntamente liderar una red de corrupción en el Ejecutivo.
Ese mismo día, Castillo anunció el cierre del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la instauración de un gobierno de emergencia con facultades para legislar por decreto. A raíz de esta decisión, el Parlamento lo destituyó y fue detenido por su propia escolta.
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Por este mismo caso, el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión para la exjefa de Gabinete, Betssy Chávez, quien cumple prisión preventiva desde junio de 2022. También pidió la misma pena para los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, y tres oficiales de la PNP. Para Aníbal Torres solicitó 15 años de cárcel por el mismo delito.
Rechazo
En varias audiencias, Castillo ha rechazado el juicio y lo ha calificado como un proceso político. “Soy el presidente de la República secuestrado y una vez más vengo a rechazar lo que decía el fiscal, que había entregado armas a la población y que el señor Castillo quería intervenir el sistema de justicia. Rechazo ese juicio que es más político que jurídico”, dijo en julio pasado.
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En marzo, de igual modo, se mostró desafiante ante el tribunal y rechazó la presencia de su defensa pública. “No necesito de esos servicios. El único delito que cometí es defender este pueblo”, dijo antes de señalar que el Ministerio Público ha “forzado el tipo penal” para encarcelarlo.
Posteriormente, intentó abandonar la sala, pero los magistrados negaron su requerimiento. “No deseo participar más de este juicio, con su permiso, ¿puedo retirarme? (...) Estoy aquí contra mi voluntad", dijo.
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