Andrés Hurtado enfrenta dos prisiones preventivas: ¿funcionará su estrategia legal para recuperar la libertad antes del 2026?

El exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras permanecer con dos órdenes de prisión preventiva en su contra. La justicia rechazó su último pedido de excarcelación en julio pasado y, desde entonces, su equipo legal intenta sostener una tesis que podría cambiar el rumbo de su situación judicial.

De acuerdo con el reportaje de Panorama, la estrategia de su abogado Elio Riera se centra en negar la existencia de un “tráfico de influencias en cadena”. Según esta interpretación, las autoridades señaladas como contactos de Hurtado no tuvieron control directo sobre los trámites que presuntamente favorecieron a terceros, por lo que no existiría responsabilidad penal.

Los casos que complican a Andrés Hurtado

El primer proceso está vinculado al futbolista Roberto Siucho, quien necesitaba renunciar a la nacionalidad peruana para jugar en el extranjero. En la investigación, Hurtado es señalado de haberlo puesto en contacto con Roxana del Águila, entonces jefa de Migraciones, a fin de agilizar el procedimiento. La defensa alega que la funcionaria no tenía competencia directa en esa gestión, lo que impediría atribuirle un delito.

El segundo caso involucra al empresario Javier Miu Lei, quien buscaba recuperar oro incautado. Hurtado habría intervenido para conectarlo con la fiscal Elizabeth Peralta, supuestamente con el objetivo de destrabar el caso. Al igual que en la situación anterior, la defensa sostiene que la magistrada no era la responsable de la decisión final, por lo que no se configuraría un acto ilícito.

El papel del BMW y las declaraciones de testigos

Durante las pesquisas apareció un elemento que llamó la atención de la Fiscalía: un vehículo BMW vinculado al futbolista Edison Flores. El jugador reconoció en una declaración que el automóvil terminó en manos de Hurtado, aunque en papeles figuraba una transacción previa con su cuñado Roberto Siucho. Para el Ministerio Público, esta operación representaría un pago por la gestión irregular en Migraciones.

En su testimonio, Flores aseguró que su intención nunca fue vender el vehículo a Hurtado y que el depósito lo recibió directamente de su cuñado. Aun así, la Fiscalía interpreta el traspaso del auto como parte de un beneficio indebido, lo que refuerza la acusación de tráfico de influencias. La defensa de Hurtado insiste en que se trató de una transacción particular sin conexión con favores ilícitos.

Una defensa que se aferra a la tesis del “no hay cadena”

El abogado Elio Riera ha reiterado que la acusación carece de sustento porque se basa en la idea de que Hurtado facilitó contactos con autoridades que, en la práctica, no tenían a su cargo los trámites cuestionados. Para la defensa, si no hubo decisión directa de los funcionarios, tampoco se puede hablar de tráfico de influencias.

Este argumento busca desmontar los testimonios de los involucrados, en especial el de Roberto Siucho, quien reconoció haber recurrido a Hurtado y señaló que entregó dinero tras obtener el resultado que esperaba. El letrado asegura que no existen más pruebas que corroboren esa versión, por lo que se trataría de una imputación débil que no justifica mantener a su cliente en prisión preventiva.

La vida de sus hijas lejos del proceso judicial

Mientras Hurtado permanece en un penal de Lima, su familia se mantiene al margen de los procesos. El expresentador pidió a sus hijas no involucrarse en sus problemas legales. Josetty Hurtado, la mayor, reside en Estados Unidos y ha encontrado un espacio en el mundo del entretenimiento y la publicidad, participando en campañas relacionadas con los populares peluches Labubu en los exteriores de Disney.

Este contraste entre el encierro del padre y la vida pública de las hijas ha sido resaltado en el reportaje televisivo. Para la defensa, sin embargo, la atención debe centrarse en los expedientes judiciales y en la solidez de los argumentos que pretenden demostrar que, pese a las acusaciones, no hubo tráfico de influencias directo que configure un delito penal.