El Juzgado Civil de La Oroya ordenó el desalojo de unas diez familias que permanecen en la antigua ciudad de Morococha, en Junín, pese a los 13 años de resistencia frente a la minera Chinalco.
La medida judicial concede un plazo de seis días para ejecutar el lanzamiento, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. El objetivo es liberar los terrenos para la expansión del proyecto cuprífero Toromocho, uno de los yacimientos más grandes del país.
Poder judicial da plazo de 6 días para abandonar sus casas
La decisión fue emitida por el juez Jesús Santana Socualaya, quien otorgó a la empresa Chinalco una medida cautelar que ordena el desalojo en un plazo máximo de seis días, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública.
El fallo busca liberar los terrenos para la ampliación del proyecto minero Toromocho, y se sustenta en que la municipalidad distrital declaró la zona como de “alto riesgo no mitigable”, lo que, según la resolución, justifica el reasentamiento obligatorio de la población.
Los comuneros, sin embargo, sostienen que el riesgo no es “natural”, sino de la propia actividad minera. “Nos dicen que es para cuidarnos, pero ¿cómo nos cuidan sacándonos de nuestras casas? El peligro no es natural, es la minera”, cuestionó Yolit Alejo Bonifacio, vecina de la zona, en declaraciones a un medio local.
Otro de los afectados, Elvis Atachagua, expresó su rechazo señalando que la medida fue sorpresiva y vulnera sus derechos: “El Poder Judicial ha ordenado en nuestras viviendas de la antigua Morococha un desalojo anticipado, ‘exprés’”, declaró a Latina Noticias.
Atachagua relató que las familias habían buscado una salida distinta al conflicto: “Quedamos sorprendidos. Nosotros habíamos buscado algún tipo de diálogo con la minera y poder, de esta manera, tratar de responder”. Sin embargo, denunció que el resultado de sus intentos de negociación terminó en la actual orden judicial.
Recursos legales y acompañamiento social
El abogado de los comuneros, Carlos Castro Torres, rechazó la medida al sostener que contradice la Ley 29869, que establece como prioridad y la obligación de garantizar un reasentamiento digno en zonas de riesgo. “Esta medida cautelar pasa por encima del derecho al reasentamiento y expone la vida y la salud de las familias”, advirtió.
Castro confirmó que se ha presentado un recurso de oposición para frenar la ejecución del desalojo. Además, instó al Estado a intervenir en el proceso, pues la municipalidad de Morococha emitió resoluciones de demolición de viviendas sin tomar en cuenta a las familias que siguen en el lugar.
La Pastoral Social de Dignidad Humana también acompaña el caso. “Estamos coordinando visitas y buscando alternativas que beneficien a los pobladores”, indicó su encargado, Widmar Ávila.
Un conflicto de 13 años
El enfrentamiento entre comuneros y Chinalco comenzó en 2012, cuando la minera inició el traslado de la población a Carhuacoto, ofreciendo viviendas y compensaciones económicas. Sin embargo, las familias rechazaron el proceso por considerarlo forzado y sin negociación colectiva. Hasta hoy no se firma un Convenio Marco de Reasentamiento, lo que mantiene bloqueada una salida definitiva.
Las familias afectadas viven en situaciones precarias, sin servicios básicos ni condiciones ambientales adecuadas. La inminente orden de desalojo incrementa la incertidumbre y el desgaste emocional en quienes aún se resisten a dejar sus hogares.
Los pobladores recuerdan que, cuando se inició el traslado en 2012, se les ofrecieron acompañamiento y compromisos de mejora que nunca se concretaron, mientras que la llamada “nueva ciudad” tampoco resolvió sus principales necesidades. Hoy exigen garantías que aseguren un reasentamiento digno y estable.
Chinalco, de capitales chinos, ha invertido más de 4,800 millones de dólares en el proyecto Toromocho, uno de los yacimientos más grandes del país, con operaciones previstas hasta 2049. Para la empresa, liberar los terrenos de la antigua Morococha es indispensable para ampliar su producción, mientras que para los comuneros representa la pérdida de sus hogares y la continuidad de un desarraigo que arrastran desde hace 13 años.
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