Familias de la antigua Morococha, en la región Junín, interpusieron ante el Poder Judicial un recurso de oposición contra la medida cautelar que dispone su desalojo. El fallo, emitido por el Juzgado Mixto de La Oroya, responde a una solicitud de la minera Aluminum Corporation of China (Chinalco), operadora del proyecto minero Toromocho.
El abogado Carlos Castro, quien representa a las familias, argumenta que la orden de desalojo vulnera derechos constitucionales y normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Señaló que la Ley N.° 29869, vigente en Perú, declara de necesidad pública el reasentamiento de poblaciones expuestas a riesgos no mitigables, mientras que el proceso de desalojo solicitado sería irregular por haberse tramitado vía civil y sin solución habitacional ofrecida.
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Chinalco bajo lupa: acusan a minera china de expulsar familias peruanas para ampliar operaciones
Castro precisó que la resolución judicial no aplicó el artículo 49 de la Ley 3680, que prohíbe desalojos en zonas de alto riesgo y establece como prioridad el reasentamiento de los habitantes. Agregó que la decisión judicial contradice principios de la Constitución Política del Perú, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protegen el derecho a la vivienda y la familia y prohíben desalojos forzosos sin garantías legales.
Las familias afectadas permanecen en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos ni garantías ambientales. Castro advirtió que ningún informe técnico ni sanitario avala la expulsión forzada y que la “nueva Morococha”, donde la empresa promueve el reasentamiento, presenta graves problemas de contaminación por metales pesados, según el Estudio de Impacto Ambiental de 2009 y reportes de salud locales.
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Voces desde Morococha: afectados culpan a Chinalco por abandono y riesgo sanitario
El vocero Elvis Atachahua explicó que la amenaza de desalojo genera temor y deterioro en la vida diaria de quienes resisten abandonar la ciudad. Los habitantes relataron el proceso de traslado iniciado en 2012, que incluyó promesas de atención personalizada y acuerdos no cumplidos, además de la ausencia de soluciones reales en la “nueva ciudad”.
La representante vecinal Yolit Espinoza denunció que no existen respuestas efectivas al reclamo y que solo han recibido notificaciones jurídicas que incrementan la incertidumbre y el miedo a ser desalojados sin alternativa. Reportes técnicos señalan riesgos ambientales y la presencia de metales pesados en población infantil.
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El Arzobispado de Huancayo, a través de Widmar Ávila, expresó su respaldo a la población de Morococha y solicitó respeto a sus derechos fundamentales, así como un acompañamiento pastoral en la defensa de las familias vulnerables.
Las familias reiteran su demanda de un reasentamiento digno y legal, rechazan cualquier desalojo forzoso que no cuente con soluciones reales ni garantías mínimas y anuncian que agotarán las vías legales nacionales e internacionales para proteger su derecho a la vivienda y a un entorno seguro.
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